Espejismos

Durante las últimas semanas están llegando a las costas andaluzas pateras en las que viajan inmigrantes menores de edad. Esta diversificación de la inmigración y el cambio de estrategia de las mafias, optando por una mayor entrada de menores en condiciones de ilegalidad, da la impresión de que han cogido a contra pie a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Las manifestaciones de la consejera, afirmando que estamos en una situación de emergencia y que se está produciendo un desbordamiento de la situación, están dando la imagen de que el Gobierno andaluz no puede atender a los menores en condiciones de eficacia. Una imagen que, de nuevo, está siendo utilizada por los de siempre para identificar inmigración con delincuencia y poner en tela de juicio las leyes de inmigración vigentes y volver a tiempo anterior. Todo un despropósito, pues se está haciendo ver una imagen invertida de la realidad.

No es admisible, ni cabe en razón, que Andalucía tenga que activar un plan de emergencia y esté haciendo un esfuerzo sobrehumano. Ni por el número de menores -1.357 en el primer semestre de 2005-, ni por las condiciones económicas de esta comunidad ni por su comportamiento social, puede admitirse que estemos en una situación de emergencia. Como dice un buen amigo: no están cayendo bombas. Están llegando niños y en un número que, si se colocan juntos, pueden estudiar y le sobra sitio en un colegio no muy grande.

No se puede generar esta alarma. No se entiende. Como tampoco se entiende que el presidente del TSJA considere, sin dar un solo dato, que los centros de acogida de la Junta son centros potenciales de delincuencia. Francamente, no ayuda salvo a sí mismo, pues tal vez pueda ser una forma de demostrar, a la sociedad andaluza en general y a Jueces Para la Democracia en particular, que no le baila el agua a la Junta que, según dijo esta asociación, tanto apostó en su reciente nombramiento.

En cualquier caso, lo importante es saber que el Gobierno andaluz no pierde el objetivo y se dedica a tratar la inmigración y a estos menores en condiciones sociales de protección y dignidad, sin dejarse influir ni por manifestaciones alarmantes ni de quienes, al parecer, saben resolver mejor la inmigración que las huelgas de los funcionarios judiciales.