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La Xunta en funciones prevé adjudicar proyectos hidráulicos por 65 millones

Fraga se plantea consolidar el rango administrativo de sus altos cargos

Una empresa pública de la Xunta de Galicia tiene previsto adjudicar en los próximos días, mientras el Gobierno está en funciones, tres contratos para la gestión de depuradoras de aguas con una vigencia de 15 años y un presupuesto total de 65 millones de euros. El Ejecutivo autónomo también estudia la posibilidad de consolidar el rango administrativo -y en consecuencia, parte de los ingresos- de sus actuales altos cargos, según admitió ayer el presidente en funciones, Manuel Fraga, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

"Tenemos la conciencia muy tranquila", aseguró ayer Fraga frente a las críticas de los dos partidos que formarán el próximo Gobierno gallego, PSdeG y BNG, sobre las decisiones que está tomando la Xunta antes del traspaso de poderes. Los socialistas calculan que, en los más de dos meses transcurridos desde que se convocaron las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio, la Xunta ha adjudicado y licitado obras por valor de 360 millones de euros.

Ante la acumulación de noticias sobre concursos y adjudicaciones que se convocan y resuelven en los últimos días, el secretario de organización del BNG, Francisco Jorquera, advirtió de que si no se "corrigen de inmediato esas actuaciones", su grupo se planteará crear una comisión de investigación en el próximo Parlamento. El portavoz del PSdeG en la Diputación Permanente de la Cámara, Ismael Rego, exigió a Fraga que "se comporte con la lealtad propia de un Gobierno en funciones de un país democrático".

Para los próximos días está prevista otra adjudicación llamativa, la de los contratos para gestionar tres estaciones depuradoras durante los próximos 15 años. La empresa pública Augas de Galicia convocó los concursos entre los pasados días 1 y 4 de junio, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral. Según fuentes de la Xunta, las adjudicaciones están a expensas de lo que decidan en los próximos días las mesas de contratación, que evalúan técnicamente las ofertas presentadas. El mayor de los contratos, presupuestado en 56 millones de euros, es para gestionar la depuradora de Pontevedra, cuyo ayuntamiento, gobernado por una coalición entre BNG y PSdeG, ha recurrido el concurso ante los tribunales. El ayuntamiento ha incluido en la demanda un informe de uno de sus ingenieros que sostiene que el valor de licitación establecido por la Xunta supera en 30 millones de euros a los costes reales que tendrá el servicio.

Augas de Galicia también convocó el pasado miércoles un concurso para adjudicar un contrato de "consultoría y asistencia para la continuación de los trabajos de análisis económicos de los usos del agua" presupuestado en casi medio millón de euros. Las ofertas se harán públicas el 22, antes de que tome posesión el nuevo Gobierno.

Fraga, además, confirmó que su Gobierno en funciones estudia algún tipo de medida que permita reconocer el rango administrativo actual a sus altos cargos. Según el todavía presidente, no se trataría de consolidar de forma automática su categoría actual, sino de que se tenga en cuenta para "futuros destinos que les dé el próximo Gobierno". Desde hace días, circula por la Xunta un escrito, atribuido a funcionarios con puestos de confianza, en el que se pide a Fraga que "no abandone a los que le han servido fielmente en estos 15 años" y se expresa el deseo de "volver a servir a un Gobierno gallego popular cuanto antes". El presidente en funciones explicó que ha encargado un informe al Consello Consultivo de la Xunta.

Delegaciones del PSdeG y del BNG volverán a reunirse hoy para iniciar la elaboración de su programa de Gobierno conjunto, una vez que ambos se intercambiaron sus respectivas propuestas. Fuentes socialistas y nacionalistas coincidieron ayer en transmitir optimismo sobre la marcha de las conversaciones, aunque portavoces del BNG matizaron que todavía es necesario un mayor acercamiento sobre dos cuestiones que consideran clave, la reforma del Estatuto de Autonomía y el pago de lo que llaman "deuda histórica del Estado con Galicia". Sobre el Estatuto, reclaman la inclusión en el programa de Gobierno de unos objetivos mínimos, entre los que ocupa un lugar preferente el "reconocimiento de la identidad nacional de Galicia". Los socialistas creen posible un consenso siempre que no se condicione desde el Gobierno la negociación del nuevo Estatuto, cuya aprobación debe contar con el apoyo del PP. El BNG también quiere que el programa conjunto recoja un calendario preciso, con plazos y proyectos concretos, sobre las inversiones en infraestructuras que se exigirán al Gobierno central.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de julio de 2005