El Parlamento japonés aprueba la privatización del correo en una votación que divide al Gobierno

El Parlamento de Japón aprobó ayer por un estrecho margen la polémica reforma del servicio postal, encaminada a la privatización del servicio de correos, una institución que el Estado controla desde hace 132 años y cuyos depósitos de ahorro y fondos de seguros cubren a millones de japoneses. La reforma, que ha abierto una seria crisis en el seno del Gobierno de Junichiro Koizumi, supone el inicio de la privatización de Japan Post en abril de 2007. El proceso se prolongará durante 10 años, con la división de la corporación pública en cuatro entidades: la distribución, los depósitos de ahorro, los fondos de seguros y la administración de las oficinas postales.

Japan Post funciona como la principal caja de ahorros del país y una de las mayores del mundo, con 340 billones de yenes en fondos (unos 2,4 billones de euros)). Además, es actualmente el mayor comprador de deuda pública del Estado, con cerca de 140 billones de yenes (un billón de euros), la cuarta parte del total.

Al privatizarlo, Koizumi pretende frenar el gasto público y ampliar el mercado financiero para la banca privada y las aseguradoras. Sin embargo, quienes rechazan el plan explican que la venta de Japan Post supondrá la pérdida de decenas de miles de empleos. El servicio de Correos emplea a 400.000 trabajadores.

La reforma fue aprobada con un margen de cinco votos, pese a la mayoría del gubernamental del Partido Liberal Demócrata (PLD) y su aliado, el Nuevo Komeito, lo que pone en evidencia la unidad del partido en el poder. Así, la serie de enmiendas de la reforma fue respaldada por 233 diputados y rechazada por 228, con dos legisladores del propio partido de Koizumi que abandonaron la sala antes de la votación como muestra de la brecha que ha provocado la reforma en el PLD.

La escisión afectó ya al Gobierno, donde el viceministro primero de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social, Seiichi Eto, presentó ayer su dimisión en protesta contra la reforma y contra las amenazas del ministro portavoz, Hiroyuki Hosoda, quien dijo que el Ejecutivo "castigaría severamente" a los miembros del Ejecutivo y viceministros que votaran contra la reforma. La principal fuerza de oposición, el Partido Democrático de Japón, dijo que la privatización del servicio postal derivará en la creación de un gigantesco conglomerado cercano al Gobierno que ofrezca servicios postales, financieros y de distribución ignorando las leyes del libre mercado.

La reforma pasará al Senado la semana próxima y, aunque el Gobierno no cree en sorpresas, la revuelta interna evidenciada en el seno del PLD ha dejado en el aire una densa sombra de incertidumbre que permite cualquier variante.