La Corporación de Sanlúcar tilda la nueva huelga de "golpe de Estado"

La nueva huelga de los funcionarios del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) alcanza hoy su segunda jornada en un clima de tensión que aleja, de momento, cualquier posibilidad de solucionar el conflicto. Los trabajadores municipales, que protestan por la mala situación económica y el descontrol en las contrataciones del Consistorio, volvieron durante buena parte del día de ayer a concentrarse frente a las puertas del Ayuntamiento, como ya hicieran durante los 11 días de la huelga de mayo. El grupo lanzó constantes consignas contra los dirigentes políticos y portaba una gran pancarta en la que se acusa al alcalde en funciones, el popular Rafael Rubio, de anteponer sus intereses personales a los de la localidad. Desde el equipo de gobierno, que forman PP y Alternativa Sanluqueña (AS), se calificó ayer de "golpe de Estado" esta segunda huelga de los funcionarios locales.

La primera teniente de alcalde, Laura Seco, se empleó con dureza contra el comité de empresa: "Son cuatro sindicalistas que no cuentan con apoyo suficiente y que tienen amenazados a muchos trabajadores". Seco no se ahorró calificativos contra la protesta, a la que también tildó de "huelga política". A su juicio, no existen motivos fundados para secundar estos paros y lo que subyace tras la convocatoria es una estrategia dirigida a desgastar al PP de Sanlúcar.

La portavoz del gobierno local, Asunción Rodríguez, recordó que 15 de las 17 medidas económicas presentadas por los sindicatos fueron aceptadas la semana pasada por la coalición PP-AS y exigió la desconvocatoria de la huelga para el regreso a la mesa de negociación. Rodríguez advirtió de las "muy negativas" consecuencias que puede tener este nuevo conflicto para la economía local y se refirió, especialmente, al sector turístico que, según manifestó, sufrirá un duro golpe de mantenerse durante más días la huelga de los funcionarios municipales.

Propuesta

Por su parte, los partidos políticos de la oposición -PSOE, IU, PA y Aldesa- entraron ayer en juego para presentar una propuesta de solución a ambas partes. El texto, que se presentaría como un acuerdo de mínimos para suspender los paros y volver a las conversaciones, propone, entre otras cosas, reducir al 50% el número de funcionarios de empleo en el Ayuntamiento y no subir los impuestos en lo que resta de legislatura. El comité de empresa dio ayer su visto bueno a las ideas de la oposición, pero no así el gobierno local, que asegura que se trata de un "calco" de lo ya expuesto días atrás por los sindicatos.

El portavoz de los funcionarios, Rafael Ávila, justificó los motivos de esta nueva huelga: "No hemos tenido más remedio que convocarla porque ha sido imposible arrancarle un compromiso al gobierno local para mejorar la situación de nuestro Ayuntamiento". Ávila pidió disculpas a sus convecinos por las molestias que causa la huelga.