Guárdese Camps del Pozo negro

En este mes de julio que despunta tan fogoso y agitado, los campistas pierden la plaza de Orihuela, y sienten cómo se debilitan sus defensas en Elche, después de que la justicia haya multado a Manuel Ortuño, por tener la boca suelta y las iras desatadas. Son dos plazas, en las que el zaplanismo trata de hacerse inexpugnable. En Orihuela, era previsible, el alcalde José Manuel Medina, cedió por la fuerza de los votos, la presidencia local del PP, a Mónica Lorente, también edil de la corporación oriolana, diputada autonómica y fiel a la disciplina de Zaplana. Medina ya andaba tocado, muy particularmente, por la denuncia del ex interventor municipal sobre "supuestos fraudes contables, en la gestión económica del Ayuntamiento". Todo hace suponer que la capacidad maniobrera del portavoz del Congreso de los Diputados y la complacencia de José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, perpetraron una implacable derrota a sus adversarios. Ahora, Orihuela ya está de hecho y derecho en las filas de la insurgencia: de los 14 ediles del grupo popular, el aún alcalde Medina sólo cuenta con 6; consecuentemente, la mayoría la lidera Mónica Lorente. Es muy probable que una leva de conservadores de última hora, auspiciada por Zaplana, aportara los sufragios necesarios y suficientes para hacerse con sus objetivos. Lo de Elche, más que a una estrategia elaborada en esa cajón de arenas movedizas y argucias que utiliza el ex ministro de Trabajo, se debe a la abrupta asamblea que los populares ilicitanos celebraron en el último octubre y que acaba de pasar factura. Una factura que ha hecho sangre: al adalid campista Manuel Ortuño, el juez lo ha condenado a una multa de 60 euros, por los insultos que profirió contra la congresista de su mismo partido, aunque del bando contrario, Enriqueta Seller. La llamó -y repetimos literalmente- "retrasada mental, marquesita de mierda y puta, perdón, diputada". También aquí, según manifestó el propio interesado, quienes incitaron a la denuncia formulada por la parlamentaria, fueron José Joaquín Ripoll y Julio de España. De inmediato y ante las protestas e insinuaciones del subdelegado en Elche del Ejecutivo valenciano, al conocer la sentencia, el TSJ lo ha amonestado, por proferir "veladas acusaciones de prevaricación contra el juez que lo ha condenado", mientras los dirigentes del sector zaplanista en Alicante han pedido su expulsión inmediata a las direcciones autonómica y nacional del PP. En este punto, el cronista abomina, como, sin duda, una mayoría, más o menos silenciosa, no de la política, sino de la forma de ejercerla por algunos de los que merecieron equivocadamente la confianza de sus conciudadanos. Asistir a un espectáculo, ya habitual, de descalificaciones, ruido de navajas cabriteras, artimañas, corrupciones y corruptelas, es no solo intolerable, sino que la sociedad debe imponerse y repudiar pública y severamente tanta impudicia y flagrante piratería, o se precipitará en el mismo pozo negro. Ese mismo pozo negro que la investigación de Terra Mítica, del caso Fabra o tantos otros puede descubrir cuantas vilezas esconde, y dejar a Camps como un pincel. Que ya es cosa de mucha miga y más milagro.