Consejeros de las cajas critican el acuerdo sobre Cartera y la renuncia de Bancaixa al valenciano
Olivas y Sala se aferran a la ley para esquivar la disolución del consejo de la corporación
El acuerdo entre José Luis Olivas y Vicente Sala para disolver el consejo de Cartera de Participaciones Empresariales (CPE), la renuncia de Bancaixa al bilingüismo o la escasa implicación en el fomento de la productividad de la economía valenciana fueron asuntos aireados ayer en tono crítico en las asambleas que congregaron a los consejeros generales de Bancaixa, en Valencia, y de la CAM, en Alicante. Ambas asambleas aprobaron las cuentas del ejercicio 2004 y conocieron los informes de gobierno corporativo que las cajas están obligadas a publicar por primera vez.
Miembros de ambas entidades reclaman detalles sobre la corporación financiera
José Luis Olivas, presidente de Bancaixa, afrontó la asamblea general de la entidad rodeado de una veintena de paneles que reproducían la marca Bancaja, en castellano, frente a apenas cuatro en valenciano. Tres consejeros generales coincidieron al expresar su preocupación por la renuncia al bilingüismo en la página web de Bancaixa o en la reciente campaña de televisión de ámbito nacional para difundir la nueva imagen. En la asamblea, un representante de la Associació per a la Promoció de la Llengua dels Empleats de les Caixes d'Estalvis, recién creada, leyó un comunicado en el que pide respeto al bilingüismo y a los clientes valencianoparlantes.
Olivas afirmó que la política lingüística de Bancaixa no ha variado y que el castellano o el valenciano se utilizan indistintamente por zonas en atención a la lengua mayoritaria de los clientes. Mientras, algunos consejeros bromeaban entre sí en torno a la profusión de rótulos de Bancaja.
En el terreno estrictamente económico, consejeros de las dos cajas reclamaron detalles sobre la solución final adoptada en torno al futuro de la corporación financiera que comparten al 50% Bancaja y la CAM. En el consejo de administración previo a la asamblea que celebró la caja alicantina a mediodía, los consejeros del PSPV dejaron constancia de su malestar por el acuerdo en torno a CPE, que implica la disolución del consejo para designar a dos administradores solidarios en representación de las cajas. "La no renovación del consejo de administración de la corporación demuestra el fracaso de la CAM", dijo textualmente uno de los consejeros. "No es una solución muy responsable, ya que estábamos ante una entidad proyectada con miras a coordinar la estrategia global en las grandes cuestiones financieras de ambas cajas, y prácticamente acabará diluyéndose, y enmarcada en una chapuza legal", añadió el mismo consejero. Los representantes socialistas en el consejo de la CAM insistieron en que el acuerdo es consecuencia "de la división interna del PP". La respuesta del presidente de la CAM, Vicente Sala, fue escueta: "La solución acordada es legal".
En la asamblea general de la entidad también algunos de los consejeros pidieron explicaciones a la cúpula de la CAM sobre el futuro de CPE. La respuesta de Sala fue la misma.
Olivas sugirió ante la asamblea de la caja valenciana que la solución adoptada era la única posibilidad de mantener viva una entidad que cobra fuerza como "sociedad de gestión hospitalaria" con presencia en Alzira, Dénia y Torrevieja. El presidente de Bancaixa, que era vicepresidente económico del Consell cuando se acordó la creación de CPE, evitó el calado político de la disolución del consejo con el mismo argumento que Sala: "El acuerdo es una posibilidad prevista en los estatutos de CPE y se ajusta a la legalidad".
Consejeros de Bancaixa interpelaron a los responsables en torno a su implicación en el impulso de la productividad de la economía a través del fomento de la I+D, por ejemplo. Olivas explicó que CPE ha constituido un fondo de capital riesgo conjunto dotado con 20 millones de euros para estimular la productividad. El fondo está diseñado para actuar a lo largo de una década; su influencia real es más que dudosa.
El asunto de la trama de facturas falsas que investiga la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y que implica a sociedades vinculadas a la construcción de Terra Mítica no tuvo eco en ninguna de las dos asambleas. Bancaixa y la CAM, al igual que la Generalitat, controlan paquetes que superan el 20% del capital de Terra Mítica. El caso apenas fue objeto de comentarios en pasillos, según un consejero de la caja alicantina.
En Valencia, una consejera lamentó el cambio de imagen de Bancaixa. Olivas se limitó a esgrimir los resultados de la entidad, que ha duplicado su negocio desde 2000. Durante la asamblea, además, los sindicatos SATE, CC OO, UGT y CSICA -que representan al 98% de la plantilla- rechazaron el contenido del plan estratégico en 2004.
