Soberania alimentaria en el Mediterráneo

El Mediterráneo constituye la frontera sur de la Unión Europea (UE). La preocupación europea por la estabilidad de la región se ha plasmado desde los años setenta en la llamada política mediterránea. La Conferencia Euro-Mediterránea de Barcelona en 1995 puso en marcha una nueva estrategia en torno a tres ejes: 1) político y de seguridad; 2) económico y financiero; y 3) humano, social y cultural. En la Conferencia de Barcelona participaron los 15 estados de la UE y 12 países terceros mediterráneos. El objetivo: crear una zona euromediterránea de libre comercio en el horizonte de 2010. La Conferencia Ministerial Euromediterránea en Valencia en 2002 constató la necesidad de relanzar el proceso. Así, la estrategia euromediterránea se ha ido institucionalizando mediante la adopción bilateral de unos acuerdos de asociación entre la UE y nueve países mediterráneos: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Israel, Palestina, Jordania, Siria y Líbano. Esos acuerdos tratan de liberalizar los intercambios, organizar la cooperación bilateral e institucionalizar el diálogo político.

La UE constituye el principal socio comercial de los países terceros mediterráneos, tanto en las exportaciones como las importaciones. Existe un muy limitado comercio intraregional entre estos últimos. El desequilibrio en la balanza comercial a favor de la UE ha consolidado la dependencia de las economías del sur. En este contexto es previsible que el libre intercambio de productos manufacturados, libres de aranceles, incremente los intercambios desiguales entre la UE y los países terceros mediterráneos. Además, las políticas de fondos estructurales complementarias por parte de la UE van a ser débiles. La instauración del libre comercio en la zona, prevista para 2010 y siguiendo las pautas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en lo que respecta al desarme arancelario, debería estar haciendo reflexionar sobre cómo va a repercutir en el comercio de los productos agrícolas; además, debería realizarse un diagnóstico sobre las incidencias de la progresiva liberación de los servicios. Con una renta per cápita cuatro veces menor y una deuda externa superior a los 300.000 millones de dólares, la libre circulación de capitales y mercancías entre los países del Mediterráneo se está traduciendo en la penetración de las transnacionales europeas, la destrucción de las economías locales y las privatizaciones masivas. La balanza comercial agraria de la UE con los países del norte de África es excedentaria desde 1990.

La globalización en su forma actual es muy destructiva para la agricultura del Tercer Mundo, dada la elevada diferencia de los porcentajes de productividad del sector entre la media de los países subdesarrollados y la de los países avanzados. La liberalización del mundo agrícola significa que millones de campesinos se arruinarán progresivamente. Se impone una forma distinta de regulación del mercado mundial agrícola que pueda soportar la larga transición de las sociedades agrícolas de baja productividad, hacia una modernización. Hay que considerar que más de 3.000 millones de personas en los países en desarrollo trabajan y viven en el medio rural.

La liberalización agrícola se excluyó inicialmente del área de libre comercio euromediterráneo. Se previó que el comercio mutuo de productos agrícolas se iría liberalizando mediante el acceso preferente y recíproco, y de acuerdo con las normas de la OMC. Si se amplía el librecambio agrario entre la UE y los países del norte de África, habrá que dedicar más recursos financieros para paliar los impactos negativos que produzca la puesta en marcha de estas medidas entre las agriculturas campesinas de ambas riberas. En los países en desarrollo el sector agrario es crítico para la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y el crecimiento económico. Pero hoy sabemos que la liberalización de los mercados agrarios estos últimos años ha beneficiado, principalmente, a un reducido número de empresas transnacionales que dominan el comercio agrario y a una pequeña minoría de ricos propietarios de tierra en los países desarrollados y en los subdesarrollados. Tanto la Reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en curso, como el acuerdo sobre agricultura en vías de negociación en la OMC, y las asociaciones de libre cambio en el Mediterráneo, deberían incorporar el derecho de los miembros a proteger el medio de vida y la seguridad alimentaria de sus ciudadanos, es decir incorporar el principio de la soberanía alimentaria como un derecho de los pueblos en el mundo globalizado de hoy día.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, garantizando el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción y comercialización, y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. La soberanía alimentaria debe asentarse en sistemas diversificados de producción basados en tecnologías ecológicamente sustentables.

El Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, celebrado en La Habana en septiembre de 2001, detalló algunos de sus efectos y requisitos: 1) favorece la soberanía económica, política y cultural de los pueblos; 2) reconoce una agricultura con campesinos, vinculada al territorio, prioritariamente orientada a la satisfacción de las necesidades de los mercados locales y nacionales, y que considera central al ser humano; 3) supone apreciar las ventajas económicas, sociales, ambientales y culturales de la agricultura en pequeña escala; 4) contiene la obligación ineludible de los Estados a garantizar el acceso a una alimentación sana y suficiente para todas las personas; 5) exige la puesta en marcha de procesos de reforma agraria adaptados a las condiciones de cada país y región, reformas que permitan a los campesinos el acceso equitativo a la tierra, el agua, las semillas, los bosques y la pesca, así como a los medios de producción; 6) entiende que el comercio alimentario internacional ha de estar orientado por el propósito supremo de servir al ser humano. La soberanía alimentaria no significa autarquía, autosuficiencia plena o la desaparición del comercio agroalimentario mundial, pero demanda compartir la idea de que los alimentos no son exclusivamente una mercancía más.

En Roma el 2002, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación organizada por la FAO, la sociedad civil subrayó que la soberanía alimentaria requiere: 1) dar prioridad a la producción de alimentos para los mercados locales sobre la base de explotaciones campesinas y familiares diversificadas y agroecológicas; 2) asegurar precios justos para la producción campesina, lo que implica poder proteger los mercados interiores del dumping y de las importaciones a bajo precio; 3) reconocer y promocionar el papel de la mujer en la producción alimentaria y acceso equitativo y control de los recursos productivos; 4) incrementar la inversión pública para fomentar la actividad productiva campesina.

Vicent Garcés es ingeniero agrónomo y miembro de CERAI. Intervención en la Conferencia sobre Soberanía Alimentaria celebrada en el Foro Social del Mediterráneo. Barcelona, 17 de junio 2005.