La Audiencia anula la expulsión en 2003 de un nigeriano que pidió asilo

La Audiencia Nacional ha ordenado al Gobierno que localice y emprenda todas las gestiones necesarias para traer de vuelta a España al ciudadano nigeriano F. O., activista en favor de los derechos humanos y defensor del territorio de su comunidad frente a la explotación de las compañías petroleras. En enero de 2003, F. O. presentó en Ceuta una petición de asilo que, en el plazo récord de 24 horas, no admitió a trámite la Delegación del Gobierno. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), organización que presentó y acaba de ganar el correspondiente recurso, desconoce ahora, dos años después de la expulsión de F. O., el paradero y el estado de salud del inmigrante.

El 17 de enero de 2003, F. O. recibió una resolución del delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración -el actual vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González- por la que no se admitía a trámite su solicitud de asilo. Hacía escasamente 24 horas que la había presentado. El Ministerio del Interior había emprendido horas antes una operación especial en Ceuta, por la que pretendía resolver, en un plazo máximo de diez días, todas las solicitudes de asilo pendientes.

F. O. fue citado en comisaría junto a otros subsaharianos. Según CEAR, no se les facilitó asistencia letrada real e individualizada y se les obligó, según declararon, a firmar una declaración en español que no entendían. En las siguientes 24 horas se desestimó la admisión a trámite de sus solicitudes de asilo.

Poco antes de ser detenido y recluido para su devolución en el centro de internamiento de Málaga, F. O. hizo unas declaraciones desesperadas ante la prensa.

"He estado luchando como activista contra las injusticias cometidas en mi país por las compañías petroleras y por el Gobierno", dijo. "Si me entregan corro peligro de muerte. Ya han ejecutado a otros miembros de mi organización. Yo conseguí escapar tras ser buscado en mi casa, donde me ocultaba tras el ataque de los soldados a una reunión clandestina en la que mataron a varios compañeros. Nuestro líder fue ahorcado después de citarle a dialogar y detenerlo a traición. Soy de una comunidad donde las compañías petroleras internacionales nos despojan de nuestras tierras y los campesinos sufren hambre, falta de agua, etcétera. Nosotros hemos luchado contra esta injusticia, e incluso tras la ejecución de nuestro líder conseguimos parar los pozos de petróleo. Si me devuelven, me matarán".

La sentencia de la Audiencia Nacional toma ahora en consideración los motivos de persecución alegados por F. O. en su solicitud de asilo: que era miembro de la Ijaw Youth Council, órgano de representación y defensa de los intereses de la comunidad Ani Kuruwa frente al Gobierno, que explotó sin autorización de su comunidad unos yacimientos petrolíferos, por lo que organizaron protestas; que tras celebrarse el 4 de abril de 2002 una reunión con representantes del Gobierno, los representantes comunitarios fueron encarcelados; que se produjo un enfrentamiento entre las comunidades y el ejército y que se emitió una orden de busca y captura contra él.