El escaño bailarín

Aunque por un estrechísimo margen, la balanza de la mayoría parlamentaria absoluta se inclinó el 19-J a favor de la coalición poselectoral formada por el PSdeG-PSOE y el BNG, que sumaron conjuntamente 38 escaños frente a los 37 del PP. Sin embargo, el resultado de los comicios autonómicos gallegos podría cambiar de sentido tras el escrutinio -el próximo lunes- de los votos enviados desde el extranjero por los emigrantes inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Ese registro de 305.218 ciudadanos está formado por gallegos de origen en sentido estricto y por descendientes suyos nacidos fuera de España -con doble nacionalidad en su mayoría- que a veces no han pisado nunca la tierra de sus antepasados. El espectacular crecimiento del CERA -ha triplicado sus efectivos desde que Fraga fue elegido presidente de la Xunta- y el escandaloso déficit de mecanismos jurídico-administrativos capaces de garantizar la limpieza del proceso electoral proyectan una sombra de sospecha sobre esas lejanas papeletas enviadas a España por correo para ser escrutadas en las cuatro circunscripciones provinciales donde esos ausentes están político-electoralmente presentes.

El recuento de los votos de Pontevedra permite al PP albergar la esperanza de que el último escaño de esa provincia -asignado provisionalmente al PSdeG-PSOE- caiga en sus manos, dándole así la mayoría parlamentaria absoluta. En la noche electoral, el presidente en funciones de la Xunta adelantó el dato certificado de que el PP obtendrá el 70% de los votos del CERA, casi 27 puntos por encima del 43,8% conseguido en Pontevedra el 19-J. Según algunos benevolentes hermeneutas, Fraga no confesó con esas palabras la comisión del delito electoral de manipular los votos emigrantes antes de ser enviados, sino que se limitó a proyectar hacia el presente resultados del pasado. Esa interpretación, sin embargo, no es convincente: los populares de Pontevedra obtuvieron el 65,78% en las autonómicas de 2001, el 58,6% en las legislativas del 14-M y el 38% en las europeas de 2004. El desmesurado crecimiento de la participación el 19-J de los votantes inscritos en el -ya de por sí- inflado CERA, que podrían llegar a doblar las cifras registradas en la anterior convocatoria autonómica, no hace sino aumentar el pestazo a puchero enfermo.

Además de apostar por la conquista el próximo lunes del escaño pontevedrés bailarín que les daría la mayoría parlamentaria absoluta, los populares festejan su victoria por mayoría relativa de votos (44,9%) frente a los socialistas (32,5%) y el BNG (19,6%). Los políticos suelen hacer lecturas electorales favorables a sus intereses, a la vez que omiten o ponen en sordina las interpretaciones intranquilizadoras. No faltan, sin embargo, análisis inquietantes para el PP, que ha perdido 45.000 votos y seis puntos porcentuales respecto a las autonómicas de 2001 (50,9%): un dato tanto más significativo cuanto que la participación en las urnas aumentó el 19-J del 64,2% al 68,1%. Situado el PP desde 1993 en una meseta por encima del 50% de los sufragios, el 44,9% de sus votos del pasado domingo ha puesto tal vez en marcha una tendencia capaz arrebatarle en el futuro el primer lugar en la carrera electoral.

El eventual Gobierno de coalición del PSdeG-PSOE y el BNG aceleraría la retirada del escenario gallego de Fraga: resulta difícil imaginarle en la bancada de la oposición durante cuatro años y como candidato en los comicios de 2009. La jubilación del presidente-fundador del PP sacaría a plena luz la pugna ahora soterrada entre las facciones del birrete y de la boina para sucederle. Los ejemplos de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha prueban que la administración de las instituciones territoriales puede blindar electoralmente a los partidos de gobierno frente a sus adversarios. La actual división del trabajo en el Estado de las Autonomías asigna a los presidentes de las comunidades el agradecido papel de generosos redistribuidores de unos recursos presupuestarios cuya antipática recaudación corresponde, en cambio, a la Administración central. De esta forma, el sesgo electoralista de las políticas asistenciales permite a los Gobiernos autónomos incrementar sus votos: si el PP pierde el lunes definitivamente el control de la Xunta, la coalición vencedora le sustituirá también en las funciones de pródigo Rey Mago del dinero público.