El PSPV dice que Blasco es el principal "peligro" para las zonas húmedas valencianas

El cruce de reproches entre el Consell y el Gobierno central con motivo del aniversario de la derogación del trasvase del Ebro previsto en el Plan Hidrológico Nacional continuó ayer con la intervención de dirigentes del PP y del PSPV, a los que se sumó EU. La secretaria general de los populares valencianos, Adela Pedrosa, criticó al Gobierno central por estar "instalado en la desidia del agua", mientras el responsable de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes, acusó al Consell de poner en peligro las zonas húmedas con su política urbanística "depredadora".

El consejero afirma que la CE reconoce que la LUV cumple la normativa comunitaria

Signes calificó ayer de "cínicas" las declaraciones del consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat, Rafael Blasco, en el sentido de que las zonas húmedas valencianas "están en peligro por la derogación del trasvase del Ebro" y replicó que "el mayor peligro" para las zonas húmedas y los sistemas acuáticos protegidos "no es la paralización del trasvase del Ebro, sino el propio Rafael Blasco, por su actitud depredadora sobre el territorio".

El consejero "debería velar por la supervivencia de esas zonas húmedas", dijo Signes, quien subrayó, en cambio, la actuación "depredadora" de Blasco sobre el territorio y sobre las zonas protegidas "con esos grandes pelotazos urbanísticos", que "es lo que realmente ha de preocupar a los valencianos". Blasco "impone su criterio de pelotazo urbanístico y de promociones desaforadas, por encima de una actuación conservadora de todas las zonas protegidas", apostilló el dirigente socialista, quien recordó que la depuradora de Pinedo "arroja al mar 120 hectómetros cúbicos de agua al año, que no está reutilizándose", lo que supone "casi la mitad de lo que reclamaba el PP con el trasvase del Ebro".

Pedrosa, por su parte, instó al Gobierno central a "redoblar sus esfuerzos y abandonar su política hídrica de mínimos para evitar que territorios como el valenciano frenen sus niveles de crecimiento y riqueza". Según la dirigente del PP, el Ejecutivo central "debe reaccionar con urgencia mediante la puesta en marcha de todos los mecanismos posibles que permitan amortiguar los efectos de la sequía". Pedrosa advirtió de que a las "negras perspectivas" por la actual sequía se une el "elevado riesgo de desertización que amenaza" a la Comunidad Valenciana y que, dijo, "se ve agravado por la política árida e improvisada que el Ejecutivo socialista está desplegando por muchos puntos de España".

Por su parte, el portavoz adjunto de EU-L'Entesa en las Cortes Valencianas, Joan Antoni Oltra incidió en otra cuestión relacionada con todo ello y tildó de "intolerables" y "escandalosas" las cifras de pérdidas de agua potable en la red de la Comunidad Valenciana, que a su juicio demuestran que al PP "no le preocupa el agua más que como negocio y motor inmobiliario". Oltra se hacía eco de los últimos datos hechos públicos por el INE sobre la pérdida de agua potable en la red de distribución, según las cuales en la Comunidad Valenciana se pierde el 26,3% de agua potable en la red, 12.616.000 metros cúbicos, siendo la tercera autonomía en pérdidas por detrás sólo de Murcia y Baleares.

Por otra parte, Blasco afirmó ayer que su departamento "ha estudiado y seguirá valorando" las sugerencias que se remitan desde la Comisión Europea sobre la futura Ley Urbanística Valenciana (LUV). El consejero de Territorio y Vivienda señaló que la Comunidad Valenciana es la única de España que modifica su marco legislativo para adaptarse a las directivas europeas "no sólo sobre contratación pública, sino también las medioambientales, de participación pública y protección de los derechos de los consumidores".

Según Blasco, todas las peticiones, tanto de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo como de la Comisión Europea, han sido "debidamente contestadas" por parte del Consell por el conducto reglamentario. Así, hasta el momento el Consell ha introducido las recomendaciones del Parlamento Europeo para mejorar la nueva LUV, incluyendo los cambios necesarios para el cumplimiento de las directivas europeas. "Puede afirmarse que a fecha de hoy los servicios jurídicos de las diferentes direcciones generales de la Comisión Europea no han estimado que haya ninguna vulneración de la normativa comunitaria. Es más, en reuniones precedentes de la Comisión de Peticiones funcionarios de la Comisión reconocieron el cumplimiento de la normativa medioambiental y protección de los derechos de los consumidores", afirmó Blasco.