El PP acusa a la Junta de "alterar la realidad" en los expedientes a un concejal de Nerja

La dirección del Partido Popular (PP) de Málaga ha asumido oficialmente la inocencia argumentada por su concejal de Medio Ambiente de Nerja, José Miguel Jimena, frente a la sanción de 873.520 euros que le ha impuesto la Junta por parcelaciones urbanísticas ilegales en Pago de Río Seco, un suelo rústico en el que el edil tiene además una casa sin licencia municipal. El presidente provincial del PP, Joaquín Ramírez, dijo ayer tener documentos que demostrarían que la Consejería de Obras Públicas "ha alterado la realidad de las cosas" y que Jimena no ha cometido ninguna irregularidad.

Ramírez dijo incluso que su partido estudia iniciar acciones legales contra la Consejería de Obras Públicas por "desviación de poder" puesto que entiende que "se han dictado resoluciones en la que se alteran la realidad de las cosas". "Sé que es una acusación grave, pero tengo informes en mi poder que acreditan que lo que ha hecho [Jimena] es perfectamente legal y tiene todos los permisos y que no es verdad lo que dice la Junta", agregó. El presidente del PP malagueño comparecerá hoy ante la prensa con el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, para dar a conocer esa documentación.

Lo que sostiene el PP es que las parcelaciones realizadas por la sociedad Pago de Río Seco en el paraje rústico del mismo nombre disponían de las pertinentes licencias municipales y que en su momento la Consejería de Obras Públicas no puso ninguna objeción. La sociedad Pago de Río Seco, a la que la Junta ha impuesto una multa de 873.520 euros por dichas parcelaciones, es copropiedad de José Miguel Jimena y de su primo Roberto Morillo, que ejerce de administrador único. Según el expediente, en el paraje, formado inicialmente por dos fincas registrales que suman unos 60.000 metros cuadrados se han realizado cinco parcelaciones.

En la resolución de la consejería se reconoce que las parcelaciones disponían de los permisos municipales, pero que ello no es óbice para la incoación de un expediente sancionador. Las parcelaciones fueron solicitadas una a una y planteadas individualmente no aparentaban irregularidad. La ley considera parcelación urbanística "la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población", y además considera ilegales aquellas "que sean contrarias" a lo establecido en el planeamiento municipal que le sea de aplicación.

Condiciones

En el caso del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja, se establecen como condiciones que suponen riesgo de consolidación de un núcleo de población la realización de accesos exclusivos a una parcela con más de dos metros de anchura o asfaltados cuando no estén justificados por razones agrícolas, la construcción de abastecimiento de agua potable inapropiada al riego, la realización de acometidas de electricidad, la emisión de publicidad sobre las parcelaciones, y una separación entre viviendas inferior a 50 metros. Según la Junta, en el caso de Río Seco todas estas condiciones se han incumplido, y la resolución, además de la multa económica, insta a la sociedad a demoler la red de abastecimiento de agua y electricidad.

En la resolución se constata que en el paraje existen ya ocho viviendas, con lo que se está consolidando un núcleo de población y que "ni las licencias para las segregaciones ni la autorización o informes para edificaciones podían amparar una parcelación urbanística en suelo no urbanizable". En la resolución se invoca una sentencia del Tribunal Supremo que considera posible la estimación de la parcelación urbanística a posteriori, pues es cuando se aprecia que las actuaciones aisladas han dado lugar a ella pese a estar autorizadas.

Pare el PP, el suelo de Pago de Río Seco es no urbanizable común, cuando según la resolución de la Junta es de protección de cerros.

Además, de las ocho viviendas que hay construidas en Pago de Río Seco, cuatro carecen de licencia municipal, según ha acreditado el arquitecto del Ayuntamiento de Nerja. Una de estas casas sin licencia es propiedad de Jimena y otra de su primo Roberto Morillo. Ambos han alegado que fueron construidas en 1982 y 1984, antes de que se realizaran las parcelaciones, "cuando nadie pedía permiso para hacer una casa en el campo". La Junta ha requerido al Ayuntamiento a que tome medidas para sancionar esta irregularidad.