Territorio sin programa

Proliferan desde hace meses voces, manifestaciones y acciones populares en contra de actuaciones territoriales irracionales que desde ámbitos municipales se están o se quieren llevar a cabo a lo largo y ancho del País. Lamentablemente, a falta de unas directrices territoriales de escala regional, el poder local se ha convertido en el gran hacedor -o deshacedor- del territorio valenciano, con el agravante de que, en realidad, los ayuntamientos se limitan a dar consentimiento a programas urbanísticos que diseñan unos pocos -pero enormemente poderosos- promotores urbanísticos. Se ha hablado, con acierto, del "urbanismo del promotor" como eslogan que caracterizaría el actual modelo urbanístico y territorial valenciano; un modelo de crecimiento imparable que cuenta con la connivencia de los dos partidos políticos mayoritarios en la Comunidad Valenciana y, en ocasiones, allí donde están presentes, del resto de formaciones. Un modelo que ha asimilado lo urbanístico -de escala local- con lo territorial. De manera que la ordenación del territorio valenciano en el mejor de los casos no es sino la suma de Planes Generales de Ordenación Urbana sin relación entre ellos, sin sentido de territorio global y compartido. No es extraño que en el último quinquenio Valencia y Alicante, compitan con Madrid y Barcelona por encabezar el ranking de provincias con mayor expedición de licencias de obra. Se habló del territorio valenciano como la California europea, pero del modelo californiano sólo se ha importado la expansión residencial, pero no la innovación agrícola, industrial y tecnológica. A esta situación se ha llegado por la inexistencia de unas líneas de actuación claras en material territorial.

Tres son los rasgos que caracterizan el modelo -si se puede hablar de tal- territorial valenciano en la actualidad. La Comunidad Valenciana es hoy por hoy un territorio sin programa, en el que no opera la jerarquía de planificación lógica que debe presidir toda ordenación racional del territorio. Desde 1989, año de la primera ley valenciana de ordenación del territorio hasta la actualidad, con una nueva ley aprobada ahora hace un año, no hemos sido capaces de redactar ni consensuar un plan de ordenación del territorio de escala regional. Tan sólo se han concluido, y están en fase de exposición pública, dos planes de Acción Territorial de carácter integral. Y con ello se acaban, de momento, las figuras legales de ordenación territorial de escala supra-local. La vigente ley de ordenación territorial (2004) propone la elaboración de una Estrategia Territorial Valenciana que debe recoger los principios rectores de la Europea y establecer un modelo para el medio y largo plazo. Seguramente cuando nos dispongamos a ponerla en práctica habremos llegado tarde y será difícil conciliar las necesidades territoriales de la mayoría con los intereses territoriales de unos pocos que están acabando por enseñorearse de los procesos de implantación de usos (residenciales) en el territorio. La falta de programa afecta también al modelo valenciano de organización administrativa-territorial. El nuevo Estatuto ha pasado por alto la necesidad de un debate sobre esta cuestión. Aunque así se recoja en la Ley de Bases del Régimen Local, ¿queremos realmente seguir organizados con el actual modelo provincial? ¿no sería más lógico apostar definitivamente por un modelo comarcal o supramunicipal que sirviera de eslabón eficaz entre la administración regional y la local?

Esta falta de programa ha traído consigo el proceso de ocupación territorial intensiva al que asistimos. El territorio valenciano es un espacio de depredación del suelo, donde el poder local es el amo de la situación y donde los plazos electorales, es decir, el corto plazo, marca el ritmo de las actuaciones. No importa para nada dotar al territorio de una lógica de planificación a medio y largo plazo, como reclama el nuevo espacio globalizado. Tampoco importa si la actuación de un municipio puede molestar al vecino. Se ha impuesto el modelo de la "planificación territorial autárquica", donde los bordes quedan bien marcados por los límites administrativos y donde cada municipio puede hacer y deshacer a su antojo porque la legislación del suelo le ampara.

Por último, el territorio valenciano es un territorio con población pero sin ciudadanos que participen de las decisiones territoriales. Es cierto que muchas veces este hecho se debe a la propia desidia ciudadana a la hora de utilizar los derechos que las leyes del suelo, ordenación del territorio y medio ambiente contemplan. Pero no es menos real que ello deriva de la desazón que provoca el hecho de que las grandes decisiones territoriales vengan impuestas "desde arriba" y no quede margen de maniobra para la alegación. La reciente aparición de plataformas cívicas contrarias a la proliferación de planes urbanísticos irracionales ha supuesto un rayo de esperanza que dice mucho de la sensatez que afortunadamente queda en la ignorada ciudadanía.

El último informe del Observatorio Europeo para la Ordenación del Territorio (abril 2005) no deja lugar a dudas. Europa se mueve alrededor del "pentágono" que forman las metrópolis de Londres, París, Milán, Munich y Hamburgo. En tan sólo el 17% del territorio europeo se concentra el 32% de la población y el 46% del PIB. En este contexto la Comunidad Valenciana es una periferia que no destaca en ninguna de las variables territoriales que maneja el informe. Una situación de atonía territorial que desaprovecha oportunidades como la de convertir al puerto de Valencia en el más importante del litoral mediterráneo español. Y lo preocupante es que podemos convertirnos en "periferia de la periferia" si no disponemos en plazo breve de un programa territorial que abandone el crecimiento cuantitativo y apueste por lo cualitativo, que mire a sus regiones vecinas en la defensa de unos intereses comunes, sobre todo en lo referente a la planificación de infraestructuras. La idea de integración en una región, de escala europea, junto a otras, si nos desprendemos de cuestiones político-ideológicas, no resulta nada descabellada sino todo lo contrario.

Éste es el reto de futuro del territorio valenciano. Valorarse como territorio, como región y dotarse de los instrumentos necesarios para poder ser gestionado con la participación real de los ciudadanos. El nuevo Estatuto de Autonomía ha perdido una oportunidad única para crear un órgano consultivo en materia territorial y ambiental (arts. 43 a 48), aspecto que entra en contradicción con los principios de sostenibilidad territorial que, en este mismo documento, enuncia su artículo 22 recogiendo textualmente los principios de la Estrategia Territorial Europea. Una prueba más de la escasa consideración real por la protección del entorno de la mayoría de nuestros políticos, que siguen considerando el territorio como mero escenario de oportunidades económicas y no como sustrato básico para la vida de los ciudadanos que debe ser ordenado de manera racional.

Jorge Olcina Cantos es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante.