Obras Públicas denuncia a cinco familias por ocupar de forma ilegal unas viviendas rehabilitadas en Cádiz

La Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Policía Autonómica han denunciado a cinco familias que ocuparon por la fuerza el pasado miércoles unas viviendas que han sido reformadas recientemente por la Oficina de Rehabilitación de Infraviviendas de la Junta en Andalucía en la ciudad de Cádiz. Estas familias son inquilinas de una casa que está en un estado casi ruinoso. Con esta ocupación, reclaman a las administraciones públicas la rehabilitación inmediata de la finca en la que residen habitualmente.

"De aquí no nos vamos hasta que no nos garanticen que nos rehabiliten la casa en la que vivimos de manera infrahumana", dijo ayer un portavoz vecinal en nombre de las cinco familias que han tomado la determinación de ocupar las viviendas.

Estas cinco familias residentes en infraviviendas del número 17 de la calle Benjumeda, en el casco antiguo de Cádiz, decidieron el pasado miércoles dejar de vivir en unos pisos en los que, según denuncian, viven entre roedores, cucarachas y otras clases de insectos; unas condiciones de habitabilidad "indignas" para cualquier persona, según dijeron.

En su misma situación hay cientos de familias que han sido realojadas en otros pisos propiedad de la Junta mientras rehabilitan sus viviendas. Sin embargo, la falta de suelo para construir más viviendas de realojo momentáneo está ralentizando la rehabilitación de muchos pisos, por lo que hay familias que llevan varios meses e incluso años esperando a que se acometa la deseada rehabilitación. Hartos de esperar, estas cinco familias adoptaron la drástica decisión de ocupar unas viviendas en la calle San Andrés que acaban de ser rehabilitadas y que serán entregadas a sus propietarios cuando se resuelva un problema de humedad que han detectado los técnicos de Obras Públicas.

Así las cosas, la Junta considera "injusta" la situación creada con esta ocupación. Tanto es así que la Delegación de Obras Públicas estudia la fórmula para expulsar a estas familias, según informó José Antonio Gómez Periñán, delegado de la Junta en Cádiz, quien justificó así la denuncia del Gobierno andaluz "No podemos permitir que se violenten pisos que esperan desde hace tiempo otras personas que los esperan pacíficamente", dijo. "Estas personas no están usurpando unos pisos de la Junta, sino de otros ciudadanos que los esperaban pacientemente", lamentó. Por esta razón, instó a las familias ocupantes a desalojar "lo antes posible" estas viviendas. "La Junta rehabilita desde hace seis años miles de viviendas en el casco antiguo que están en condiciones indignas, pero no puede ser que estas personas vulneren el derecho de otras personas a acceder a sus pisos ya asignados", sostuvo Gómez Periñán.

Ante la petición de estas familias para que les rehabiliten sus viviendas, el delegado de la Junta dijo: "El Gobierno andaluz está actuando construyendo un número importante de viviendas, rehabilitando el casco antiguo y el barrio del Cerro del Moro, al tiempo que estamos dispuestos a financiar pisos que se hagan en el suelo que nos conceda el Ayuntamiento. Ojalá hubiera más suelo en Cádiz para actuar, hacer más viviendas y resolver el problema de estas familias", apostilló Gómez Periñán.