Jubilación y vida útil

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, acaba de anunciar la posibilidad de jubilación anticipada de los funcionarios públicos de la Administración central de entre 58 y 64 años que así lo soliciten. Las razones esgrimidas tienen que ver con la necesidad de "rejuvenecer" y "mejorar la cualificación profesional" de los servidores públicos. El ministro añadía que se quiere corregir el sesgo de envejecimiento de la plantilla de la Administración, ya que la mayoría de los funcionarios estarían entre los 40 y los 49 años. Por otro lado, las palabras de Sevilla apuntan asimismo a que de esta manera se podría contribuir a la feminización de la Administración central, y en general a "adecuar el capital humano a las necesidades de los ciudadanos". Un cúmulo tal de beneficios que a uno, en su ingenuidad, se le hace difícil imaginar cómo se ha tardado tanto tiempo en tomar la susodicha medida.

Aunque sea de agradecer que tengamos alguna señal de que algo está pensando el Gobierno en relación con las administraciones públicas, la propuesta del ministro es discutible desde muchos puntos de vista a pesar de que sólo afecte a los que voluntariamente se acojan a ella. Lo es, en primer lugar, desde el estricto punto de vista de la política de recursos humanos de la Administración central. No creo que nadie que se sienta orgulloso de cómo gestiona sus asuntos de personal le guste aceptar públicamente que las personas de más de 58 años de su organización son obsoletas, irrecuperables o sin reciclaje profesional posible. Tampoco entiendo que la manera de equilibrar la plantilla desde el punto de vista del sexo sea sacando los excedentes masculinos de la organización. De alguna manera se está aceptando que la función pública es irrecuperable en sus criterios actuales y que la única opción es incentivar la salida de los "excedentes". ¿Es de recibo decir, implícita o explícitamente, que una persona de más de 58 años es por definición obsoleta? Curiosamente, o no tan curiosamente, los sindicatos sólo han proferido alguna queja ante la falta de información previa de la iniciativa ministerial, y parecen favorables al contenido último de la propuesta. A uno le gustaría saber cuál es la estrategia sindical en relación con los profundos cambios por los que está atravesando nuestra sociedad, y cómo encajan en su política general las exigencias que plantea un espectacular avance en la esperanza de vida.

Creo que lo realmente obsoleto es la propuesta ministerial. ¿Qué señales lanza a la ciudadanía? Lo primero que nos dice es que lo que hacen las empresas privadas es correcto: no reclutar a nadie por encima de los 40 años, ya que resultan demasiado caros y poco flexibles. Se habla de responsabilidad social de la empresa o de ética en la gestión pública, pero más allá de la retórica, se opera una especie de ajuste de plantilla disfrazado de intenciones políticamente correctas. Pero, más allá de ello, lo más grave es que insiste y refuerza el mensaje de que la gente de más de 50 o 55 años es definitivamente inútil. Les hace el favor de jubilarlos, de darles el júbilo del no trabajo. Los demógrafos, y entre nosotros el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), dirigido por Anna Cabré (www.ced.uab.es), nos advierten de que si bien la esperanza de vida actual es de más de 80 años para las mujeres y de cerca de esa misma edad para los varones, lo más probable es que en pocos años alcancemos una esperanza de vida que rondará los 95 años. ¿Podemos seguir insistiendo en que la vida se compone de estudio, trabajo y retiro, en formatos de 20-40-20, o deberíamos empezar a imaginar otras secuencias? Lo tradicional era imaginar la vida en tres grandes etapas: la etapa del sacrificio para ser útil; la etapa de la productividad laboral plena, pero tendencialmente decreciente, y la etapa de la inutilidad subvencionada para quienes, superada una cierta edad entendida como el límite de lo mercantilmente útil, cumplían los requisitos que el mercado y la Administración establecían. Evidentemente, la gran mayoría de las mujeres no pasaban nunca de la inutilidad por mucho que trabajasen (dada su no inserción laboral-mercantil), y lo que ocurría con los viejos ya no era asunto del mercado, que reclamaba siempre sangre joven.

La señal que da el ministro es evidente. Dejen de soñar con una reformulación del trabajo, con una redistribución más humana del trabajo mercantilmente retribuido, el trabajo socialmente útil y las actividades de realización personal. No hay espacio en la medida anunciada para repensar ciclos laborales, para imaginar otra distribución de tiempos, para que los empleados públicos puedan combinar el trabajo en la Administración con trabajos socialmente útiles en otros espacios civiles. Una persona de más de 58 años no sería, pues, reciclable, ni lo sería el trabajo que desempeñaría en la Administración. Se necesita gente joven. Es curioso comprobar que algunas empresas (como Ikea en Sevilla), aunque sea por razones de estrategia comercial, son capaces de lanzar señales muy distintas empleando gente de más de 55 años, discapacitados, mujeres con cargas familiares, etcétera.

Una persona de más de 60 años es hoy alguien que, aun siendo funcionario, dispone normalmente de una gran autonomía personal y de una muy notable experiencia profesional. Por tanto, sigue siendo útil socialmente. Es una persona que disfruta o puede disfrutar de su trabajo si alguien recupera en él la dignidad. No es un coste, es un recurso social, más allá de lo que el ministro y el mercado consideren. Pueden aportar mucho, ya que son personas completas y llenas de posibilidades si alguien es capaz de ver más allá de los estereotipos industrialistas. Otra cosa es que muchos puedan acogerse a la medida, precisamente por la gratuidad que manifiesta, por la aceptación que representa del agotamiento de una forma de pensar y llevar a cabo unas (no) políticas de personal. Pero la señal que se está dando no es la adecuada, y lo será cada vez menos.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.