La justicia admite la primera querella por las irregularidades de la Zona Franca de Cádiz

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha admitido a trámite la primera querella que presentaron conjuntamente el pasado 9 de mayo la Zona Franca y la Abogacía del Estado por las irregularidades detectadas por este último organismo, la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas en la gestión del PP al frente del recinto fiscal gaditano. A la espera de que una magistrada ocupe en unos días la titularidad de este juzgado, el juez José Luque Teruel ha validado esta acción penal.

El PSOE saludó ayer que la justicia "investigue por fin la verdad" sobre la Zona Franca. "El PP ha gestionado este organismo como un cortijo y han hecho de su capa un sayo, pero en democracia se conoce siempre la verdad, tarde o temprano", afirmó el secretario del PSOE de Cádiz, Federico Pérez Peralta.

El abogado del Estado José Ignacio Monedero interpuso hace un mes en el juzgado de guardia de la capital gaditana la primera querella por presuntos delitos de estafa, fraude y apropiación indebida. Esta acción penal va dirigida contra Manuel García Gallardo, ex presidente de Quality Food y ex destacado militante del PP de Cádiz; Rafael Borrego, empresario que supuestamente participó en una venta presuntamente irregular de parcelas; y Víctor Ocaña, ex director de una sucursal del BBVA en San Fernando a quien, supuestamente, le atribuyen la expedición de certificados, presuntamente falsos, de ingresos millonarios de García Gallardo que nunca se efectuaron.

PSOE y PP anunciaron semanas atrás su intención de personarse como acusación particular para conocer de primera mano todo el proceso y las investigaciones judiciales.

Se trata de la primera querella presentada y ahora admitida, pero la Abogacía General del Estado prepara dos querellas más, que presentará antes de las vacaciones judiciales, en agosto. La próxima será con los nuevos datos que investigan sobre Quality Food o que trasciendan de la instrucción que desarrolle el juez que se encargue del caso.

La tercera querella será sobre Rilco, también propiedad de la Zona Franca. En este caso, el Consorcio señala como posibles responsables a los ex delegados Manuel Rodríguez de Castro y Osuna. Al primero por adjudicar un contrato millonario para crear un portal informático de comercio exterior que no existe a Miami Free Zone, una sociedad que incumplía numerosos puntos del pliego de condiciones.

La Abogacía del Estado analiza también cómo Rodríguez pudo firmar los primeros pagos el mismo día y después de cesar en el cargo. Osuna deberá también responder por mantener este contrato si no estaba avalado por la Abogacía del Estado y cómo ingresó 2,8 millones a nombre de esta empresa de Miami en una cuenta del BBVA en Cádiz de la que sólo él podía disponer.