El PSOE y los fiscales progresistas defienden el cambio del jefe de lo Penal del Supremo

El PSOE y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) rechazaron ayer las críticas del PP y de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) por la decisión del fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de no renovar al jefe de la Sala Penal Eduardo Torres-Dulce y nombrar en su lugar a Juan Ignacio Campos. La UPF, a la que pertenece el nuevo fiscal jefe, aseguró que Conde-Pumpido ha "apostado decididamente por el pluralismo" al nombrar a Campos por su "mérito y capacidad", y rechazó las posiciones "victimistas y reaccionarias" de la asociación conservadora rival.

La Unión Progresista de Fiscales rechazó ayer "la burda maniobra" que supone, a su juicio, intentar equiparar la propuesta de nombramiento de Juan Ignacio Campos para la Sala Penal del Supremo con "los precedentes" ocurridos en la etapa de Jesús Cardenal como fiscal general del Estado, a quien acusó de haber realizado "una depuración" de significados fiscales "de preclaro compromiso democrático" por "puras razones ideológicas" y en un contexto de "sistemática represión de posiciones progresistas".

La asociación de fiscales progresistas cargó contra la conservadora principalmente por haber presentado la no renovación de Torres-Dulce como un cese del "fiscal encargado de los procedimientos contra aforados". Según la UPF, todos esos procedimientos fueron derivados al Teniente Fiscal del Supremo, José María Luzón -miembro de la AF y recientemente renovado en su cargo por el fiscal general-, "por lo que queda claro la no intencionalidad política a la que se refiere la AF."

"Sólo desde posiciones victimistas y reaccionarias puede sostenerse que la propuesta de nombramiento hecha por el fiscal general pueda obedecer a algún inconfesable motivo de represalia respecto del fiscal que no ha sido renovado", agrega la UPF.

En otro punto de su comunicado, los fiscales progresistas señalan que el puesto de jefe de la Sala Penal del Tribunal Supremo es un cargo que exige una dedicación exclusiva y es "de total confianza del fiscal general del Estado", tal como sucedió en su momento "con el nombramiento para dicho puesto del fiscal Torres-Dulce por parte del anterior fiscal general del Estado".

La Unión Progresista de Fiscales expresó su compromiso de "apostar de forma incondicional" por que los criterios de mérito y capacidad -que considera que "no son patrimonio exclusivo de un solo sector de la carrera"-, no sean arrollados por la mayoría conservadora del Consejo Fiscal, "que sólo parece atender a los intereses de sus propias élites".

A su vez, el secretario general del Grupo Socialista y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Diego López Garrido, consideró "adecuada" la sustitución de Eduardo Torres-Dulce como fiscal jefe de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y achacó las críticas del PP a un intento de "politizar" la Justicia.

El diputado socialista explicó que el relevo de Torres-Dulce viene determinado por una reforma aprobada por el Gobierno del PP para revisar los cargos de la carrera fiscal que cumplan cinco años en el puesto y considera que renovarlo significaría que continúa quien le nombró.

"Lo que el PP querría"

"Si hubiera que nombrar automáticamente de nuevo a personas que nombró Cardenal, quien dirigiría la Fiscalía sería Cardenal, y no el nuevo fiscal general", apuntó el diputado socialista, quien opinó que quizá eso es "lo que el PP querría".

A su juicio, no hay por tanto un "cese" del fiscal, sino "la expiración de su mandato", y en ese contexto cree que el actual fiscal general del estado, Cándido Conde-Pumpido, "tiene todo el derecho y potestad" de nombrar a otra persona.

Para López Garrido, el candidato de Conde-Pumpido, Juan Ignacio Campo tiene un "amplio currículo", con 27 años en la carrera fiscal, y "lleva más tiempo en el Supremo que el propio Torres-Dulce". "Es un magnífico profesional, que va a hacerlo muy bien y que ha sido nombrado en base a criterios profesionales y de confianza", explica López-Garrido.

Desde el otro extremo, el portavoz del PP en el área de Justicia, Ignacio Astarloa, declaró a Europa Press que su grupo va a plantear en el Congreso la reprobación del Fiscal General del Estado por haber impuesto "una limpieza ideológica" en los últimos nombramientos. Astarloa añadió que, además de su comparecencia en la Cámara, demandarán también su "cese" por haber "desacreditado" a la Fiscalía con sus últimas actuaciones.

Según el dirigente popular, la petición de cese no será únicamente por haber relevado a Eduardo Torres-Dulce, "una de las personas de mayor prestigio en la carrera y con un cargo importantísimo". "Nuestra petición responde a una trayectoria incalificable de sectarismo, parcialidad y sometimiento al Gobierno y al PSOE", aseveró.