Bienestar Social cierra una residencia ilegal de ancianos en Cala

La delegación de Bienestar Social en Huelva ordenó ayer el cierre de la residencia de ancianos La Muralla de Cala por no ofrecer las prestaciones y servicios adecuados. El centro "funcionaba de forma ilegal", según afirmó el delegado, José Martín. Los 12 ancianos de la residencia clausurada, seis hombres y seis mujeres de edades comprendidas entre los 72 y 99 años, fueron realojados en una residencia de Nerva tras pasar un reconocimiento médico.

José Martín señaló que el centro carecía de la autorización necesaria porque "no había adaptado sus instalaciones a los continuos requerimientos que le había solicitado la Administración". La residencia pidió permiso en 1999.

"Una residencia no sólo requiere habitaciones para alojar a los ancianos sino que ha de facilitar unos dispositivos adecuados y un equipo multidisciplinar para ofrecer una atención de calidad y con los que no contaba esta residencia. La atención básica estaba cubierta, pero existían muchas deficiencias que la propietaria no había subsanado", afirmó el delegado.

José Martín añadió que la Junta denegó la licencia de apertura ya en 1999 e instó al cierre de las instalaciones. Posteriormente, intervino la Fiscalía de Huelva, que entendió que la dueña había incurrido en un delito de desobediencia a la autoridad eludiendo el cierre, indicó Martín. Y agregó: "Una vez conocida la resolución judicial la Junta ha decidido proceder al cierre forzoso y al precintado de las instalaciones".

Román Bueno, del servicio de Inspección de los Servicios Sociales que ha intervenido en la elaboración del informe sobre las condiciones de la residencia, detalló las principales carencias: "Son aspectos relativos a las dimensiones de las habitaciones, de los baños, había carencias de salas en las que desarrollar actividades de terapia ocupacional y, aunque la comida era buena, no respetaba los regímenes que cualquier médico hubiera determinado en cualquier residencia. La propietaria, con el objetivo de eludir la acción de la administración, preparó unos contratos de arrendamiento de las habitaciones para las personas mayores, pero finalmente la Administración detectó que eso era un fraude de ley y demostró que los residentes recibían una atención integral".