La juez de 'Mercalicante' rastreará en los bancos si algún político avaló a Clavero

Cristina Costa, titular del Juzgado número 1 de Alicante, que dirige la investigación del supuesto desfalco de seis millones de euros en la empresa pública Mercalicante, ha admitido parcialmente las práctica de nuevas pruebas socilitadas por el PSPV, que ejerce la acusación popular. En este sentido la magistrada ha accedido a solicitar a las entidades bancarias en las que Mercalicante tuviera abiertas cuentas bancarias, entre los años 1998 y 2002, que certifiquen si el principal acusado, el ex gerente, José Emilio Clavero, realizó diposiciones por encima de los 100.000 euros, cantidad máxima autorizada por el Consejo de Administración. En el supuesto de que aparezcan disposiciones por cantidades superiores a esa cifra, la juez también requiere que se acredite qué persona del Consejo de Administración firmaba junto al ex gerente para autorizar dichas extracciones. La magistrada justifica la oportunidad jurídica de la prueba, no sólo para verificar si el ex gerente se excedió en sus atribuciones, sino, además, si lo hizo con el benepláctito de algún dirigente y cuál fue el destino final de esas cantidades.

En cuanto a las nuevas declaraciones que el PSPV proponía, la juez sólo ha aceptado la declaración como testigo de Javier Mexia Algar, integrante del equipo encargado de la frustrada puesta en marcha del sistema de venta electrónico en la empresa agroalimentaria.

La magistrada rechaza el resto de pruebas, entre ellas, que se aporten al sumario las conclusiones de la comisión municipal de investigación del caso, que desarrolló sus trabajos en el último trimestre de 2002.