El PP ratifica su denuncia por la recalificación de Sanlúcar

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Tarno, ratificó ayer en la Fiscalía de Sevilla su denuncia por presuntas irregularidades en el municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor y dijo que el Ayuntamiento aprobó el expediente "con una extraña celeridad" pues "corrió más que Fernando Alonso ayer en Alemania".

Tarno compareció ante el fiscal que instruye unas de las seis líneas de investigación abiertas por la Fiscalía de Sevilla, la referida a una recalificación de terrenos que benefició a la empresa de dos sobrinos del ex presidente del Gobierno Felipe González.

A su salida, Tarno manifestó a los periodistas que "lo extraño fue la celeridad del expediente, pues desde el primero al último día pasaron 55 días", algo que "en el tráfico inmobiliario es una situación a todas luces extraordinariamente rápida".

"Cualquier constructor les dirá que tarda años en cualquier promoción", dijo, porque "en una administración pública municipal lo extraño es la celeridad".

En cuanto a su comparecencia, dijo que el PP puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción lo que habían publicado los medios informativos "y en esas circunstancias no teníamos más remedio que presentar una denuncia".

Esta denuncia se refiere a la recalificación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), gobernado por el PSOE, a favor de unos sobrinos de Felipe González en la finca Horcaperros, donde una modificación urbanística permitió elevar de 60 a 114 el número de viviendas que se construirían.

Imputados

Tanto el empresario como el alcalde Juan Escámez (PSOE), que declararon como imputados ante el fiscal, defendieron la legalidad del proceso y explicaron el cambio de proyecto por la topografía del terreno.

Escámez, en su comparecencia del 19 de mayo, aportó casi 300 folios relativos al expediente de la finca Horcaperros desde el año 2000 hasta la actualidad. Su abogado aseguró a los periodistas que la denuncia "es un conjunto de afirmaciones que no están respaldadas por el expediente administrativo" y "cuyo único objetivo es que el alcalde venga al juzgado y ustedes le hagan preguntas".

El 13 de mayo pasado, el empresario G.P.G. acudió ante el fiscal y también sostuvo que la operación urbanística fue "totalmente legal" y se debió a la topografía del terreno.

Dicha circunstancia, según los imputados, impedía construir viviendas adosadas unifamiliares, por lo que se decidió pasar a otras plurifamiliares en bloques de tres pisos.

Para hoy estaban citados como testigos los primeros propietarios de la finca, dos hermanos y sus respectivas esposas, pero problemas de agenda obligaron a aplazar el acto al próximo viernes día 3 de junio.