Legitimidad de origen

Mucho se está hablando de la legitimidad de la designación de este Consejo Audiovisual. Conviene recordar que la ley por la que se creaba fue de las primeras de esta legislatura, y que formaba parte de la oferta de impulso democrático que el presidente de la Junta de Andalucía formuló en su discurso de investidura. Se trataba de dotar a la sociedad andaluza de un instrumento capaz de dar respuesta a una creciente demanda social de mayor calidad de las programaciones de nuestras radios y televisiones, encargado de velar por la preservación de los valores democráticos y constitucionales - la no-discriminación, el pluralismo, la libertad, la protección de la infancia, etcétera- en dichos medios, así como útil para asesorar al Gobierno en la ordenación de un sector tan importante para el carácter democrático de nuestra sociedad como el audiovisual.

Todos coincidimos -digo bien, todos los grupos parlamentarios- en que lo que proporcionaría independencia y credibilidad al Consejo, además de sus propias funciones y regulación, era su elección por mayoría cualificada del Parlamento, así como el perfil de sus componentes. No se quiso un reparto proporcional para no incurrir en un sistema de cuotas, y no se quiso convertir el Consejo Audiovisual en refugio de responsables orgánicos de los partidos sin cargo institucional.

Todo ello es tan cierto como lo es el que en ningún sitio está escrito que los miembros del Consejo deban ser independientes -es decir, no pertenecer a un partido- ni que su profesión deba estar vinculada al sector de la información o la comunicación. Queríamos un Consejo Audiovisual formado por mujeres y hombres con prestigio profesional, libres de criterio, que expresaran el pluralismo de la sociedad andaluza, y diferentes perspectivas desde las que abordar el impacto social del sector audiovisual. Ésa era, si se me permite decirlo, la voluntad del legislador.

¿En qué punto nos encontramos ahora? Tres grupos parlamentarios hemos propuesto un total de 14 personas, un grupo ha renunciado; tenemos que buscar el grado de acuerdo preciso para que 11 de los propuestos obtengan una mayoría de tres quintos al menos.

Hasta aquí, las descalificaciones, las legítimas ofensivas de cada cual para mejorar posiciones. Ha habido quien ha cifrado la legitimidad del Consejo Audiovisual en que su cuota fuera de un miembro más; ha habido quien ha descalificado a algunos propuestos por su pasada vinculación partidaria.

Pero ahora empieza la hora de la negociación y del acuerdo, sin vetos ni exclusiones. Es una tarea difícil, muy difícil, pero no imposible. La legitimidad de origen del Consejo Audiovisual la darán los tres quintos, pero no hay la menor duda de que un apoyo superior significaría un plus digno de tener en cuenta. La legitimidad de ejercicio, una vez elegido, la alcanzará el Consejo si sus componentes -como todos nosotros- saben estar a la altura de sus importantes funciones.

Manuel Gracia Navarro es portavoz parlamentario del PSOE.