La comisión del Carmel pide a la Generalitat que demande a las empresas

La comisión de investigación del Carmel, según el documento de conclusiones que aprobó ayer, considera corresponsables del hundimiento del túnel del metro a las empresas adjudicatarias. Por este motivo, los diputados instan al Gobierno a querellarse contra estas compañías con el fin de que reparen los daños causados, cifrados por el Ejecutivo catalán en 95 millones de euros. El dictamen fue aprobado por todos los grupos salvo el PP.

Las responsabilidades de las empresas adjudicatarias, tanto las encargadas de la dirección de obra (Geocontrol y Tec 4) como las constructoras (Fomento de Construcciones y Contratas, Copisa y Comsa), se consideran "graves". La comisión no concreta la parte de culpa de cada firma, algo que deberá resolverse "en el ámbito judicial". Sin embargo, sí insta al Gobierno a "emprender las acciones legales oportunas" para que las empresas asuman los 95 millones de euros que el Ejecutivo deberá desembolsar entre compra de viviendas, arreglos en edificios y dietas y hoteles para los vecinos afectados.

El PP catalán se descolgó a última hora del consenso y votó en contra de la totalidad del documento de conclusiones. Daniel Sirera, portavoz del PP en la comisión, reconoció que están de acuerdo en la explicación de las causas que provocaron el hundimiento en el barrio barcelonés del Carmel, así como en las recomendaciones que se hacen para mejorar los procesos de adjudicación de obra pública en Cataluña. Sirera cree que la comisión parlamentaria de investigación ha sido un "fraude" porque no ha cumplido con sus objetivos. El PP elevará al pleno del Parlamento del próximo 2 de junio un texto distinto. La posición del PP causó malestar en el resto de los grupos, satisfechos con las conclusiones.

El documento atribuye parte de la responsabilidad en lo sucedido al actual Gobierno tripartito, pero da por extinguidas las responsabilidades políticas con las dimisiones, ya producidas, de Jordi Julià como director general de Transportes y de Ramon Serra como presidente de la empresa pública GISA. Además, se reconocen errores en la gestión de la crisis tras el hundimiento. Así, la decisión de autorizar el retorno de los vecinos a sus domicilios 24 horas antes del segundo hundimiento es calificada de "precipitada".

El Gobierno de CiU también aparece como responsable, aunque en menor medida. Las conclusiones indican que el proyecto inicial de ampliación de la línea 5 del metro -redactado bajo la Administración convergente- contenía "debilidades e imprecisiones", y que las modificaciones de este proyecto se hicieron "sin ningún trámite administrativo". CiU hizo constar sus reservas en este punto y señaló que las responsabilidades del actual Ejecutivo deben ser "más amplias".

Los diputados de PSC, ERC e ICV se felicitaron por la "autocrítica" del tripartito y lamentaron que los nacionalistas no hayan actuado de la misma forma.

Sobre el presunto cobro de comisiones ilegales, el "3%" citado por Pasqual Maragall, las conclusiones señalan simplemente que "no se ha podido acreditar" su existencia. Debido a la presión de ERC y de Iniciativa, el texto sugiere la eliminación de las donaciones anónimas a los partidos políticos, una resolución que no contó con el apoyo de CiU, la formación más favorecida por este tipo de aportaciones.

Por otra parte, el ingeniero Sebastien S. M., que una semana después del hundimiento denunció que se escatimaron materiales, declaró hace unos días en Madrid, ante la policía, que detectó problemas "de adherencia" en la gunita (hormigón) debido a filtraciones de agua. "Hubo problemas de adherencia por culpa de la aparición de agua", declaró, informa Europa Press.