Riba-roja aprobará el PAI de Porxinos sin haber eliminado la parcela del alcalde y sus familiares
El PSPV advierte a Tarazona, del PP, de que le denunciará por incompatibilidad si vota
El Ayuntamiento de Riba-roja, del PP, aprobará el próximo junio el Programa de Actuación Integral (PAI) del valle de Porxinos sin haber eliminado la parcela del alcalde, Francisco Tarazona, y sus familiares. "La aprobación estará condicionada a la supresión de ese terreno", afirmó ayer Tarazona. El PSPV alega que el cargo de primer edil de Riba-roja es incompatible con que Tarazona vote el PAI porque su parcela está incluida y advierte que le denunciará si lo hace. Los socialistas presentaron ayer las alegaciones al plan diseñado por el Valencia CF, que ganará unos 130 millones con la operación.
Litoral del Este, SL, la empresa creada por el presidente del Valencia, Juan Soler, ha descartado presentar las modificaciones pactadas con el Ayuntamiento de Riba-roja sobre el PAI original porque esto supondría demorar el proceso, según reveló ayer a este diario Francisco Tarazona. Éste aceptó hace unas semanas sacar del PAI la parcela que posee, junto con su madre y su hermana, en la partida de Porxinos. De esta manera, evitaba incurrir en una incompatibilidad al tener intereses en el proyecto.
Según la legislación vigente, tener "interés personal" en un asunto que se trate, o "tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de los interesados" son motivos de abstención.
Sin embargo, la fórmula ideada por el PP ribarrojense para soslayar la apertura de un nuevo plazo de alegaciones consiste en llevar al pleno el PAI y condicionar su aprobación a la posterior eliminación de los terrenos de Tarazona.
El PSPV, que presentó ayer en el Consistorio ribarrojense sus alegaciones al proyecto, advirtió ayer al alcalde de que le denunciará si vota el PAI. "Las modificaciones presentadas son sustanciales", considera el secretario general de los socialistas de Riba-roja; "por eso deberían presentarlas y abrir un nuevo plazo de alegaciones".
El grupo socialista alega que el proyecto del Valencia, que contempla la construcción de una ciudad deportiva y 2.800 viviendas entre un paraje natural, Les Rodanes, y un monte protegido, "vulnera la ley urbanística y atenta contra el patrimonio natural, arqueológico, paisajístico, cultural y ecológico" del municipio. El PSPV sostiene que el PAI disfraza de "mejoras" lo que son "obligaciones", entre ellas la cesión por parte del Valencia de 1.600.000 metros cuadrados para bosque metropolitano, "cuando el agente urbanizador, por exigencia legal, debe ceder una superficie de suelo no urbanizable protegido de superficie igual a la reclasificada".
El PSPV basa sus enmiendas en el perjuicio causado a los vecinos de Riba-roja, "que salen malparados". "Las alegaciones desenmascaran las múltiples irregularidades del proyecto", asegura Reis Juan, portavoz del grupo socialista municipal; "es falso que se haya cumplido la legalidad vigente. Ha sido un gran engaño. Al pueblo no le dan nada especial, ninguna concesión que no esté marcada por la ley". "El proceso", concluye Raga, "es tan ilegal como opaco. No se ha contado para nada con la ciudadanía".
Al servicio de Juan Soler
"Mi parcela va a quedar como un pegote", afirmó ayer Francisco Tarazona, "pero no quiero problemas y hemos decidido sacarla del proyecto, aunque esto le ha fastidiado bastante al Valencia". Según el alcalde popular de Riba-roja, su Corporación ha dedidido "agilizar" el proceso para "favorecer" al club de Mestalla, que presenta una deuda de unos 120 millones de euros: "Al Valencia le urge aprobar esto cuanto antes para equilibrar su balance. Tengo entendido que debe hacer frente a una serie de pagos, por eso hay que darse prisa. Lo normal es que el pleno se celebre la primera semana de junio o la última de mayo".
El PAI fue impulsado por la Generalitat a través del consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, quien medió entre el Valencia y el Ayuntamiento de Riba-roja para solucionar las diferencias surgidas en las negociaciones. Al final, ambas partes firmaron un convenio, "papel mojado", según el PSPV, para la construcción de la nueva ciudad deportiva del equipo y una urbanización con 2.800 viviendas en vez de las 3.500 que pretendía Soler, quien, tras venderle a la promotora Nozar por 168 millones de euros el millón y medio de metros adquirido en el valle de Porxinos, espera obtener un beneficio de unos 130 millones, suficiente para saldar su deuda.
Para Riba-roja, entretanto, la operación supondrá el ingreso de 20 millones de euros,que destinará, entre otras cosas, a la financiación de la línea de metro hasta el aeropuerto, obra de competencia autonómica.
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