La Fiscalía de Cádiz alerta sobre la "renuncia" de los jueces a demoler construcciones ilegales
El fiscal jefe de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Cádiz, Ángel Núñez, advierte de que el Ministerio Público ha constatado "una absoluta renuncia" por parte de los jueces de la Audiencia de Cádiz "a decretar la demolición de lo ilícitamente construido". "A este paso, cuando haya concienciación del delito urbanístico o medio ambiental, ya no quedará suelo en la provincia gaditana", alertó ayer Núñez, quien detalla en la memoria de actuaciones fiscales de 2004 que Cádiz fue, con 87 diligencias abiertas, la provincia con mayor número de delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio denunciados el año pasado en Andalucía.
En 2004, se incoaron 303 diligencias por delitos contra la ordenación del territorio en Andalucía. Casi un tercio de estas denuncias se tramitaron por la Fiscalía gaditana, que refleja en su informe la dificultad de perseguir estos delitos porque los jueces "rechazan dictar sentencias de derribo". "Casi cabría hablar, a la vista de que las cifras delictivas se incrementan, incluso de un cierto efecto llamada que indudablemente es de lamentar", alerta Núñez. El fiscal jefe medio ambiental y urbanístico detalla que los 87 delitos denunciados en 2004 representan un aumento del 19,6 % respecto al año anterior. "El número de causas penales en esta materia ha seguido un aumento progresivo", lamenta Ángel Núñez.
La Fiscalía gaditana y el Gobierno andaluz han fomentado en dos últimos años la figura de la policía urbanística y se ha intensificado el intercambio de información entre ambos organismos para agilizar las intervenciones. En las últimas actuaciones, los fiscales gaditanos han instruido centenares de atestados en los que han resultado imputadas numerosas personas. Son fundamentalmente promotores inmobiliarios, constructores o técnicos municipales o privados que han promovido actuaciones urbanísticas sin licencia de obra o sobre suelo protegido.
La mayoría de las actuaciones se han desarrollado en los municipios costeros del Campo de Gibraltar -especialmente en Algeciras y Tarifa-, en la costa noroeste de la provincia gaditana, como Chipiona, Rota y Sanlúcar de Barrameda, además de en Chiclana de la Frontera, que es donde se localizan el mayor número de infracciones urbanísticas y operaciones especulativas con más de 5.000 viviendas ilegales. Asimismo, Jerez de la Frontera es el municipio de interior donde más denuncias se han tramitado.
