Los servicios jurídicos del PSOE ven indicios de malversación de fondos en la gestión del PA
El portavoz socialista ratifica que llevará a la Fiscalía facturas de la etapa andalucista
Los servicios jurídicos del grupo municipal socialista de Sevilla creen que el PA pudo haber incurrido en malversación de fondos públicos durante el anterior mandato. Según señaló ayer el portavoz del PSOE, Francisco Fernández, los abogados de su grupo ultiman el escrito que presentarán "inmediatamente" en la Fiscalía de Sevilla para denunciar supuestas irregularidades en la gestión de los cuatro distritos gobernados por los andalucistas entre 1999 y 2003. El PP, por su parte, ratificó que no va a volver a la comisión de investigación.
La agenda política del Ayuntamiento de Sevilla marcaba para ayer un paréntesis sobre el asunto que acapara la vida municipal desde hace tres meses. La corporación se reunió a las 10.00 para celebrar una sesión de pleno ordenario en la que no había ningún punto que tratara las supuestas irregularidades cometidas en la gestión de los distritos por parte de PSOE y PA. Pero el tema tardó menos de media hora en salir a relucir.
El andalucista Rafael Carmona debatía con el portavoz socialista, Francisco Fernández, sobre un reconocimiento de crédito y recordó que éste es el mismo procedimiento que usó el gobierno para sacar adelante el libramiento de 600.000 euros en el que se incluyeron las dos facturas falsas firmadas por el ex socialista José Pardo. Fernández aprovechó entonces para exigirle a Carmona que explique donde están los 1.254 euros que supuestamente pagó dos veces por una misma obra el distrito Nervión cuando él lo gobernaba.
Los andalucistas no se pronunciaron ayer sobre las últimas denuncias del PSOE, que prevé llevar el caso a la Fiscalía en las próximas horas. Según Fernández, los servicios jurídicos de su grupo han encontrado indicios de "falsedad documental y malversación de fondos públicos". El portavoz socialista volvió a exigir la dimisión de la portavoz del PA, Paola Vivancos, y los concejales Carmona y Antonio Ardila. "Si tuvieran la mínima vergüenza política presentarían la dimisión", señaló.
Mientras los responsables políticos asistían al pleno, agentes de la Policía Local se encargaban de entregar en mano las citaciones para la comisión de investigación a los comparecientes que declararán a partir del lunes. El gobierno quiere evitar los errores de forma que se produjeron al convocar a los empresarios y funcionarios. Según la presidenta de la comisión, Paula Garvín (IU), ya se han entregado por este procedimeinto una treintena de citaciones.
La comisión volverá a reunirse el lunes, aunque PA y PP insisten en que no van a ir. Según el portavoz del PP, Jaime Raynaud, el gobierno no ha aceptado ninguna de sus exigencias: aportar más documentación, que comparezcan representantes vecinales del PSOE y que el alcalde declare más de una vez. "Como la postura del gobierno no ha variado ni un ápice, la mía tampoco", dijo Raynaud.
Medalla a 'El Correo'
Por otra parte, el pleno aprobó yer por unanimidad conceder las medallas de la ciudad a dos entidades centenarias, el Sevilla FC y El Correo de Andalucía, decano de la prensa sevillana. Asimismo, el Colegio de Abogados, Cruzcampo y el diario Abc de Sevilla han sido también distinguidos con este galardón. El pleno concedió además los títulos de hijos predilecto y adoptivo a José Díaz, secretario general del PCE, y al padre Leonardo Castillo.
El PGOU da otro paso
La Consejería de Medio Ambiente ha emitido la declaración de impacto ambiental del nuevo PGOU de Sevilla, en el que informa favorablemente del documento con una serie de condicionantes.
La Junta considera que, de cara a la aprobación provisional del plan, hay que mejorar las normas reguladoras del control de ruidos, establecer para el tráfico de maquinaria pesada rutas menos molestas para la población, fomentar el uso de agua no potable para riego, incendios o limpieza de viarios y apostar más por la peatonalización del centro.
Según el edil de Urbanismo, Emilio Carrillo, la publicación de este informe supone que se va a cumplir el calendario del PGOU, cuya aprobación provisional está prevista para mediados de julio.
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