Los sindicatos exigen un pacto por la educación que garantice la LOE

La futura Ley Orgánica de Educación (LOE) sólo podrá salvar el déficit educativo español respecto al resto de países europeos si se acompaña de un pacto de Estado que ponga de acuerdo a partidos, sindicatos, Gobierno central, Comunidades Autónomas y representantes de la enseñanza privada y pública. Los principales dirigentes de los sindicatos más representativos en el sector educativo valoran de forma dispar el texto del anteproyecto, pero todos consideraron esencial ese acuerdo general para garantizar su viabilidad así como una suficiente dotación económica.

Los representantes de las principales organizaciones de trabajadores de la enseñanza se reunieron el pasado fin de semana en Granada en unas jornadas sobre la futura ley organizadas por el Consejo Escolar de Andalucía. Todos coincidieron en calificar se insuficiente el proceso de diálogo abierto por el Gobierno entre partidos, sindicatos y autonomías para consensuar el texto definitivo de la futura ley.

El secretario general de Educación de Comisiones Obreras, José Campos, valoró el texto redactado por el Gobierno, pero recordó que las leyes educativas funcionan mucho mejor en los países que han logrado alcanzar un pacto entre todos los sectores afectados. Campos recordó el problema de las diferencias educativas entre las diferentes comunidades autónomas y la baja cualificación de la mano de obra que surge del sistema educativo español. Para superar esas dificultades es fundamental un pacto sindical, pero también "un acuerdo de intereses comunes entre la enseñanza pública y la privada y el consenso administrativo entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre financiación y modelo de centro".

Carlos López, de FETE-UGT, apreció que el futuro texto "relacione calidad y equidad" siguiendo las recomendaciones de la OCDE. El sindicalista aseguró que el texto del anteproyecto es poco específico "para facilitar el debate político", pero añadió que esa falta de detalle supone a la vez "un riesgo para el sistema educativo español". "Es imprescindible que se alcance el consenso político para tener un sistema solidario en todo el territorio", dijo López, que recordó que las autonomías cargan con el 94% del presupuesto educativo español y que, entre ellas, hay diferencias de hasta 3.000 euros por alumno y año. "Euskadi gasta por cada estudiante 4.900 euros, mientras que otras comunidades no alcanzan los 1.900. Andalucía está en el medio con 2.900 euros por alumno", afirmó.

Falso debate

Para ANPE, el mayor riesgo de la LOE es el falso debate con el que se inició, tras la intención declarada del Ministerio de Educación de derogar la Ley de Calidad de la Enseñanza aprobada por el Gobierno del PP. "Ese debate ha puesto de manifiesto importantes discrepancias entre los dos principales partidos que supondrán un lastre importante para la ley", aseguró su presidente, Juan Miguel Molina. En esa misma línea se manifestó el responsable de Educación de CSI-CSIF, Ricardo Santos. "La discusión que se ha abierto con los sindicatos es falsa", dijo. "La mesa sectorial sólo ha tenido tres reuniones que han servido para darnos a los sindicatos el anteproyecto, pedirnos nuestras propuestas y comunicarnos que las habían recibido", afirmó Santos, que considera que la intención del Gobierno es "que no haya debate".

Las cuatro centrales coincidieron en subrayar la necesidad de una suficiente dotación económica para garantizar el funcionamiento de las reformas, pero mientras que CC OO se conforma con la memoria económica que esta semana presentará el ministerio, otros sindicatos como USO o CSI-CSIF reclaman una ley de financiación para el sistema educativo. Carlos López de UGT aseguró que sin recursos suficientes, el cumplimiento de los objetivos de la ley "recaerá sobre las espaldas del profesorado, de la misma forma que lo hizo la LOGSE, produciendo cada vez más profesores quemados".

UGT, ANPE y CSI-CSIF criticaron también que la reorganización del currículum de Secundaria cree incertidumbre sobre el futuro de los profesores que imparten asignaturas como Tecnología, Informática, Música o Religión. "Se nos tiene que decir ya dónde va cada docente y que materia impartirá", reclamó Carlos López, de UGT. Para todos los sindicatos presentes, la reforma es una oportunidad única para solucionar la situación laboral del profesorado interino que, en Andalucía, representa un 20% de los docentes de la enseñanza pública.