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Reportaje:REPORTAJE

Carnés de conducir por la cara

Era el enésimo carné de conducir expedido en Valencia que se detectaba en la costa andaluza. Otro chaval de Barbate (Cádiz) con un carné de otra comunidad. Gente casi analfabeta y relacionada con el mundo del narcotráfico con el teórico aprobado. Qué raro. Y luego esa información del grupo de policía judicial de Ceuta: "Se están aprobando los exámenes por la cara". Algo está pasando. Ésas fueron las pistas que llevaron a la Guardia Civil de Sevilla y Ceuta a poner en marcha hace un año la que hoy se ha conocido como Operación Chuleta.

Una acción policial que ha desarmado una red de más de un centenar de autoescuelas fraudulentas que han conseguido poner en circulación en España a más de 12.000 conductores sin preparación por el nada desdeñable precio de unos 18 millones de euros. Hay cinco detenidos, entre ellos dos funcionarios de Tráfico, y ya hay varias personas que han reconocido haberse comprado el aprobado por 1.500 euros, según fuentes de la Guardia Civil de Sevilla.

En España hay 8.000 autoescuelas y 605 examinadores que son también inspectores de esos centros. "No nos da tiempo a hacer inspecciones", dicen

Las autoescuelas se han convertido en un colectivo poderoso, y constituyen una de las grandes fuentes de ingresos de la Dirección General de Tráfico

Sin embargo, este fraude era conocido hace años y había sido denunciado a la Dirección General de Tráfico (DGT) por la Confederación Nacional de Autoescuelas Españolas (CNAE) en varias ocasiones, según el presidente de esta asociación, José Miguel Báez, y como después ha reconocido el subdirector de Educación, Divulgación y Formación Vial, Antonio Riu. Y ¿por qué no se intervino entonces?

"La primera vez que se informa por escrito a la DGT de que está habiendo un desplazamiento sospechoso de alumnos hacia determinadas provincias, especialmente a Valencia, donde se obtenían un exagerado número de carnés de camión y de autobús, fue en octubre de 1998", asegura Báez. "Estaba claro que el número de carnés profesionales que se expedían en esa ciudad era totalmente desproporcionado (como de tres o cuatro a uno) con respecto a su población", argumenta. "De pronto aparecen chinos pidiendo tests en valenciano y en inglés, porque todos sabemos que sólo hay unos pocos cuestionarios traducidos a estas dos lenguas y la probabilidad de que te toque uno que ya has hecho es mucho mayor", explica. "Y se remiten las denuncias a la Subdirección General y se solicita que se informaticen los exámenes de manera que se establezca una base de datos de 20.000 preguntas y que, mediante un programa informático, se seleccionen 40 de ellas de modo aleatorio para cada aspirante. Así ya no existiría el número de test '1534' con 40 preguntas asociadas, sino que cada combinación de 40 preguntas sería un cuestionario imprevisible".

La razón de esta propuesta era el descubrimiento del mecanismo de plagio. Alguien de dentro había filtrado los tests originales (a los que sólo tienen acceso los examinadores) de tal manera que, cuando un alumno conseguía enviar por móvil el número de test de su examen, sólo tenía que esperar a notar una, dos o tres vibraciones en su teléfono (unos de una marca especial que no hacen ruido al vibrar, según las explicaciones de la Guardia Civil) con un determinado tiempo entre cada llamada para saber que a la primera pregunta le correspondía la respuesta B; a la segunda, la A... y así sucesivamente. Tanto es así que, como reconoce el propio Riu, se llegó a solicitar a la DGT un inhibidor de frecuencia de móviles en las aulas de examen, "pero no existía un inhibidor tan específico. Los que hay afectan a todo el campo radiológico y no podían instalarse", explica este subdirector de Tráfico, que apenas lleva un año en el cargo.

Pero si era sabido con ese lujo de detalles lo que la Guardia Civil de Sevilla ha tardado un año en demostrar, ignorando todas esas denuncias y antecedentes según declaran fuentes del instituto armado, ¿por qué no se actuó antes?

Según Riu, no se ha guardado ninguna denuncia en ningún cajón y "cada vez que se ha detectado una irregularidad se ha puesto en conocimiento de las autoridades policiales", pese a que fuentes de la Guardia Civil que investigaron este caso insisten en que desconocían esas denuncias.

Según Báez, "la dejadez" radica en que "a la DGT lo que le interesa fundamentalmente son los exámenes, que es lo que le da dinero. La educación vial y la siniestralidad, a pesar de tanta campaña y tanto marketing, interesan mucho menos".

El 80% de la recaudación de la Dirección General de Tráfico proviene de las tasas de examen, según Riu. Y, aunque este subdirector dijo no recordar a cuánto ascienden los ingresos de esa institución (la segunda que más recauda de España después de Hacienda), sólo en el centro de exámenes de Móstoles en Madrid, donde se examinan cada día 1.750 alumnos, se recaudan cada mañana 18.000 euros, según los cajeros.

Es evidente que las comunicaciones han fallado y que, de no ser así, no habría 12.000 personas conduciendo por España con permisos fraudulentos. ¿Pero cómo se llega a esa situación? ¿Acaso no hay mecanismos de control que garanticen el buen funcionamiento de las autoescuelas, teniendo en cuenta que son la pieza clave en la obtención de los permisos?

Escaso control

En España hay 8.000 autoescuelas y 605 examinadores. La razón de que ambos datos aparezcan unidos es que a los segundos les corresponde, además de examinar a los potenciales conductores, realizar las inspecciones en las primeras y en los centros médicos donde se efectúan los psicotécnicos. El año pasado, según los datos de Riu, se realizaron en España 3.849 inspecciones. Pero según los examinadores-inspectores, que llevan años demandando el aumento de esa escuálida plantilla "en la que el 30% supera los 60 años", "la mayoría de las actuaciones son altas o bajas o cambios de titularidad, pero no inspecciones de control de funcionamiento, porque no damos abasto", dice Carlos Holgado, presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra). "De hecho estamos haciendo horas extras por 12 euros para examinar también por las tardes, pero no para pasar inspecciones", dice el examinador Clemente López.

El reglamento de escuelas particulares de conductores define que la actividad de estos centros es la formación, y se centra en establecer el tipo de materiales, locales y vehículos con los que deben contar, además del personal docente. No se les exige un porcentaje de aprobados, ni un máximo de costes, ni una calidad educativa mínima, y muchas se limitan a poner a los alumnos a hacer tests. Riu asegura que se van a cambiar las pruebas "para incidir en las razones de la normativa y evitar memorizaciones sin comprensión".

Las autoescuelas se han convertido en un colectivo poderoso, al ser la principal fuente de ingresos de la DGT. "Nadie les tose porque lo importante es examinar a cuantos más mejor y hacer caja", dice Holgado. "Hay un informe que se exigía a las autoescuelas que tuvieran coches con unas medidas de seguridad... Ha desaparecido en combate. No se atreven a meterse con ellas".

Según Holgado, "el mundo de las autoescuelas es complejo. Son escuelas y son negocio. Y hay quien lo entiende más por un lado que por otro. Y al no haber suficientes inspecciones ni una ley que regule lo suficiente, se producen abusos y fraudes. Pero no hay que olvidar que hay vidas en juego".

Tráfico, en los tribunales

LA NECESIDAD DE AMPLIAR la plantilla de examinadores ha llevado a la paradójica circunstancia de que unos se preparen a otros, saltándose apliamente la figura del instructor. Porque los intructores, hasta ahora responsables de esta formación que dura dos meses, son sólo seis en toda España y no dan abasto.

La situación es desesperada y, mientras esos seis instructores preparan a futuros examinadores en Madrid, otros examinadores se dedican a preparar a más en Barcelona, según denuncian los sindicatos y reconoce el propio Antonio Riu. "Se va a formar a más de 100 examinadores de aquí a julio. Y, para potenciar la formación hay un curso especial con examinadores".

Es el curso 149, que está recurrido "por considerarse que se están dando titulaciones de manera fraudulenta en la propia DGT", dice Holgado, cuyo recurso ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque Riu asegura no tener noticia de dicho recurso. "Hay examinadores que no se han subido a un camión en su vida porque no tienen el carné y preparan a otros para hacer pruebas con vehículos pesados", añade Holgado. "Necesitamos examinadores, pero no a cualquier precio. Que convoquen una oposición", dice Enrique Santamaría, del sindicato CSIT.

Los sindicatos aseguran que la falta de personal afecta a toda la institución. "Pueden minar las carreteras de radares, pero no hay funcionarios para tramitar las multas", dicen. Riu, que reconoce que "hay unidades que tienen un número insuficiente de funcionarios", asegura que están proyectadas otras dos oficinas en Madrid y que se prevé informatizar todo el sistema de exámenes para 2006.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de mayo de 2005

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