Ciempozuelos afirma que una trama empresarial le quiere quitar 72.000 metros de suelo público

El Ayuntamiento de Ciempozuelos, del PSOE, asegura que son de su propiedad 72.000 metros cuadrados del total que supuestamente pretende adueñarse un grupo empresarial denunciado por la Fiscalía de Madrid por intento de estafa. Ciempozuelos forma parte de la asociación de afectados -Prosci- constituida el pasado mes de abril para defender sus fincas frente al intento de un grupo empresarial de apropiarse "fraudulentamente" en Ciempozuelos 1,5 millones de metros cuadrados de terrenos valorados en 50 millones.

La Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid presentó el lunes una denuncia en los juzgados de Valdemoro en la que detalla un supuesto intento de macroestafa en Ciempozuelos que afectaría a 92 personas y a 152 parcelas; entre ellas, tres del Ayuntamiento de Ciempozuelos, cuatro de la Comunidad e igual número del Arzobispado de Madrid.

Según ha certificado el secretario del Ayuntamiento de Ciempozuelos, Eduardo Soria, entre las 152 parcelas que pretende escriturar a su favor el citado entramado empresarial -ocho sociedades con capital limitado- figuran tres que son de su propiedad y una cuarta cuya documentación busca en la actualidad el Consistorio para acreditar que también es titular de ella.

Las tres parcelas que el municipio tiene acreditado que le pertenecen están ubicadas en las zonas denominadas Los Pulgosos y Buzanca, y suman 72.250 metros cuadrados (una extensión algo superior a la de siete campos de fútbol). Ello sin contar la cuarta parcela, ahora objeto de investigación.

El secretario del Ayuntamiento de Ciempozuelos ha remitido un escrito al registrador de la propiedad de Valdemoro en el que le indica que tres de las parcelas que el entramado empresarial pretende escriturar pertenecen al municipio "desde tiempo inmemorial". Según Soria, las tres parcelas "están dadas de alta en el libro de inventarios de Ciempozuelos desde 1969 y aparecen a nombre del Ayuntamiento en la certificación catastral de 1942 y en los catastros de parcelas rústicas de 1980 y 1985".

Sobre la cuarta parcela en litigio -situada en el paraje de Huertas, de Ciempozuelos-, el secretario señala: "Habida cuenta de que esta finca no figura inscrita en el inventario municipal de bienes y derechos, (...) he resuelto iniciar de oficio un expediente de investigación sobre dicha parcela". El Ayuntamiento entiende que es suya, y no del citado entramado empresarial, y ha dado un plazo "de un mes" para que cualquier persona que entienda que le pertenece "alegue cuanto estime oportuno" y lo justifique "acompañando los precisos documentos u otros medios de prueba admisibles".

Registro de Valdemoro

La denuncia de la fiscalía revela que un reducido grupo de personas "ha construido" un entramado "mercantil" formado por ocho sociedades con la finalidad de inscribir en el Registro de la Propiedad de Valdemoro casi 1,5 millones de metros cuadrados de parcelas que no les pertenecen. Según la denuncia, tales empresas se han "inventado los títulos [escrituras]" y mediante "artificios" legales pretende inscribirlas como propias en el Registro de Valdemoro basándose en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria. El registrador de Valdemoro ha rehusado inscribir tales escrituras, hechas en una única notaría de Leganés, por entender que falta documentación que acredite la compra de las parcelas a sus dueños originarios.

Los denunciantes señalan que en ningún caso ellos han vendido sus fincas al grupo mercantil que pretende inscribirla. Ángel P., administrador único de dos de las ocho sociedades, ha indicado que él compró "lotes de herencias", con sus respectivas parcelas, y que todo se ha hecho de acuerdo con la legalidad; y que, además, posee los títulos que lo acreditan.

El notario que redactó las escrituras, Joaquín Osuna, duda de que haya irregularidad en la confección de los títulos y señala que él se limitó "a dar fe" de que una persona decía ser el dueño de esas fincas y que otra las adquiría. También ha asegurado que su cliente, Ángel P., es, en todo caso, el estafado, ya que "ha ido a pecho descubierto al registro a inscribirlas", tras pagar los costosos "impuestos de transmisiones correspondientes" a la compraventa de esas parcelas.