Opacidad e imprudencia temeraria
Hace un par de años, en la presentación en la librería del Puerto del CD de los Cuadernos de Ruedo Ibérico, una de las protagonistas de aquella aventura recordaba cómo les criticaban que no tuvieran una "línea política definida". Y, dando un puñetazo en la mesa, dijo: "¡¡Claro que teníamos una línea: la información!!".
La anécdota viene como anillo al dedo si de lo que se trata -como es el caso- es de glosar y alabar la transparencia sin par a la que nos tiene acostumbrados la Consejería de Territorio y Vivienda. Llevamos más de un mes en el que a diario nos enteramos de nuevas hazañas, recalificaciones, pelotazos y demás prácticas urbanísticas usuales. La prensa compite en ofrecernos reportajes porque, sin duda, hay motivos para que esté de moda nuestro castigado territorio. La Quimera del Oro del maestro Chaplin se ha transmutado en una fiebre urbanizadora que parece querer batir algún record en el 2005. Mundo Ilusión, El Puig, Porxinos, Fontanars, Rabassa...
Cada mapa que aparece en la prensa me suscita las mismas preguntas: ¿Están todos? ¿Cuántos PAI's se han ejecutado desde 1998? ¿Cuántas hectáreas "hemos" urbanizado? ¿Dónde? ¿Cuántas nuevas viviendas salpican la obligada foto aérea? ¿Cuántos PAI's nuevos están "en trámite"? Todos los periodistas con los que he hablado van de cabeza para recomponer el puzzle y reconocen la dificultad de la empresa. Alguno ha llegado a enseñarme un listado de PAI's "paralizados" que ocupaba cuatro o cinco páginas y donde había operaciones que no me sonaban ni por antojo. Tampoco estaba nada claro si la dichosa "paralización" era algo más que la falta de algún trámite o documento que impedía "de momento" su aprobación.
En un país normal con prácticas democráticas medianamente sensatas los periodistas trabajarían mucho menos y los ciudadanos nos enteraríamos mucho más. Porque, señoras y señores, la tan deseada información la tienen actualizada, en limpio y en bonito encima de la mesa de trabajo del jefe de servicio competente y, como es lógico, en la mesa de D. Rafael Blasco, consejero del ramo. La pregunta del millón está servida: ¿por qué no se ofrece a los medios de comunicación?; ¿a qué leches viene tanta opacidad?; ¿por qué tiene tanto miedo de que podamos hacer los números con la tranquilidad de no cometer errores?; ¿por qué si es una información pública, no se facilita sin necesidad de registro de entrada -suponiendo que eso sirva para algo- o de recurrir a los jueces?; ¿no se llama prevaricación al abuso del poder? Bueno, no es una sino varias preguntas pero todas son primas hermanas.
Si yo fuera D. Rafael Blasco y no tuviera su acendrado señorío a la hora de lidiar reses de todo tamaño y condición, les puedo asegurar que me sonrojaría si alguien pusiera en duda mi transparencia. Yo, más que dudar, afirmo: la "política" informativa de la consejería por lo que al uso de territorio se refiere es opaca, muy opaca. ¡¡Qué placer poder rectificar!! El consejero lo tiene realmente fácil: un sobre, un mensajero y... asunto resuelto. A ver si se anima.
Bueno, lo de la opacidad ya tiene sujeto, verbo y predicado y, de momento, podemos dejar el tema a la espera de la buenanueva. Vamos con lo de la "imprudencia temeraria". Aunque no tenemos -ni de lejos- toda la información que sería de desear, la evidencia disponible sí que permite opinar sobre los pros y contras de esta fiebre urbanizadora. Los interesados defensores del "más, más, más" tienen una buena y conocida ristra de argumentos de defensa: hay una demanda que sería estúpido no atender, la construcción es el motor de la economía y el sector que más empleo directo e indirecto produce, la inversión en vivienda es la mejor opción para incrementar el patrimonio, hemos de ir hacia una sociedad de "calidad residencial", tenemos mucho que aprender de Florida (como ha reconocido nuestro president) etc... Además, cómo no, todo se está haciendo de forma ejemplar y sostenible y ya se encarga Rafael Blasco de convencer a tirios y troyanos y a regalarnos los oídos con declaraciones de un ecologismo subido.
Siento llevar la contraria a tan bienintencionados interlocutores que tienen además la hábil e inveterada costumbre de no contestar nunca. Las polémicas son una pérdida de tiempo y generan desconfianza, pensarán. No quisiera yo -Dios me libre- ejercer de agorero aguafiestas. A la miel inmobiliaria mil moscas se acercaron. Pero en este mundo traidor no sólo existe el haber sino también el debe y la más elemental prudencia recomendaría hacer bien los números, practicar eso que en economía se conoce como coste-beneficio y que exige que se computen todos los costes y los beneficios, tanto privados como sociales. Y el proceso de boom inmobiliario que se inicia en 1998 y que todavía dura tiene una bonita colección de costes sociales de los que, por lo visto, se prefiere no hablar.
No agotaré el filón (siempre hay que guardarse alguna carta) ni, a ser posible, al lector. Vaya, sin embargo, por delante una pequeña relación de esos costes "olvidados": un incremento de precios de la vivienda que ha complicado mucho el "acceso" a pesar de los bajos tipos de interés y los largos plazos de amortización; un evidente desplazamiento de la inversión productiva hacia el sector inmobiliario; un peso creciente del sector de la construcción que no es precisamente un sector innovador desde la perspectiva tecnológica; un incremento de las necesidades de recursos hídricos; un incremento del problema mal resuelto de evacuación y depuración de aguas residuales y de retirada, almacenamiento y reciclaje de residuos sólidos; un notable deterioro de la calidad medioambiental tanto de las costas como de parajes naturales de interior; un incremento notable de la motorización privada, con costes de congestión, contaminación y despilfarro energético notables, debido al predominio de urbanizaciones de baja densidad de ubicación dispersa... Y, por lo que se refiere a los ávidos ayuntamientos, que hagan cuentas entre los beneficios y los costes de "albergar" urbanizaciones. Se equivocan. Además, si hace más de un año la prestigiosa y moderada revista The Economist cuantificaba el exceso de valoración de activos inmobiliarios (o burbuja) en un 33%, no parece prudente seguir ordeñando la vaca aumentando el riesgo de "ajuste brusco" que, no hay que olvidar, pagaremos todos.
Por último, no entiendo por qué cuesta tanto hacer entender a los "agentes" que la prudencia en la gestión del territorio tiene una razón de ser obvia: si de cemento hablamos, los males cien años duran y, por tanto, las generaciones venideras (que no votan) pagarán el pato. Por todo lo expuesto, ruego al Molt Honorable Francisco Camps y al Excmo. consejero de Territorio y Vivienda que tengan a bien proporcionar de forma ágil y veraz toda la información disponible y, si no es mucho pedir, cursar las instrucciones oportunas para que se practique en la administración que dirigen el noble arte del coste-beneficio. Suyo afectísimo.
Josep Sorribes es profesor de Economía Regional y Urbana de la Universidad de Valencia.
