El Gobierno catalán tendrá el 60% más de fondos para formación contínua

La Generalitat dispondrá este año del 60,5% más de fondos para llevar a cabo la formación continua (Forcem), anunció ayer el director general del Servicio Público de Empleo Estatal (el antiguo Inem), Valeriano Baillo. A partir de junio, esta partida presupuestaria se engordará en 15 millones de euros, hasta alcanzar 39,4 millones. Tras este aumento, Cataluña, que hasta ahora gestionaba el 25% de las ayudas, controlará la mitad de los recursos hasta que esté listo el nuevo modelo, que entrará en vigor en 2006.

El actual modelo fue impugnado por los gobiernos catalán y gallego ante el Tribunal Constitucional, que les dió la razón, al considerar que no reconocía las competencias autonómicas porque otorga los fondos de formación directamente a las empresas.

Tras el cambio de Gobierno en La Moncloa, hace un año y dos meses, las modificaciones se han puesto en marcha. En una reunión con el director del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), Francesc Castellana, Baillo anunció que la partida destinada a la financiación de la formación continua en el conjunto de España ha pasado de 134 millones de euros en 2004 hasta 390 millones de euros este año, cifra recogida en el Real Decreto Ley del pasado 22 de abril. Al hablar de este incremento, Baillo recordó que cuando llegaron al poder, el presupuesto dejado por el anterior Gobierno era de 1.000 euros.

El director general también comunicó que se modificará la normativa que regula todas las bonificaciones que reciben las empresas en materia de Seguridad Social, para garantizar que las comunidades participen en la gestión, seguimiento y evaluación de los planes de formación de las mismas. A partir del próximo mes de junio, el Consorcio de Formación Continua de Cataluña asumirá esta competencia, que, hasta ahora, figuraba como responsabilidad del Estado.

Castellana, por su parte, se mostró satisfecho por las iniciativas anunciadas. "Estas modificaciones garantizan que se pueda hacer más formación continua, que afecte a más trabajadores y que se pueda extender sobre todo a la pequeña y mediana empresa", que representa más del 90% del tejido empresarial. Aun así, Castellana dejó claro que las aspiraciones de la Generalitat "no se verán culminadas hasta que haya un nuevo modelo totalmente de acuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional".