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Reportaje:

El azote del PSOE en Cádiz

José Blas Fernández (PP) fiscaliza a la oposición con denuncias, reprobaciones y acusaciones constantes

La agenda política de la ciudad de Cádiz no está marcada por los plenos, iniciativas, obras, o proyectos de futuro. El calendario municipal se mide realmente por las comparecencias ante los juzgados de los concejales del PSOE para responder por las denuncias interpuestas por el PP. No hay edil socialista que se precie que no haya desfilado ante un juez. Buena culpa de ello la tiene el senador del PP y teniente alcalde de Hacienda, José Blas Fernández (Cádiz, 57 años), quien ha conseguido que en la capital gaditana no se hable de la gestión del gobierno local, que preside Teófila Martínez, al fiscalizar sistemáticamente la oposición que desarrolla el PSOE y obligar a declarar en sede judicial a sus concejales más relevantes.

"La política se ha ensuciado porque se mezcla el honor de las personas", dice el edil

A cada intento del PSOE por denunciar la "parálisis" del Ayuntamiento o las irregularidades detectadas en la Zona Franca por el Tribunal de Cuentas o por la Abogacía del Estado, Fernández consigue darles la vuelta al alertar sobre supuestas prácticas delictivas de sus adversarios políticos. Algunas de estas denuncias son archivadas, pero las citaciones de los socialistas se producen casi semanalmente. Sin embargo, el último día en el que compareció el senador del PP, éste burló a la prensa para evitar que fuese retratado a las puertas de los juzgados.

Un juzgado archivó la pasada semana el caso de las firmas falsas que, según el PSOE, se "inventó" Fernández. Este acusó a los socialistas de usurpación de identidad y falsificación por presentar firmas ciudadanas falsas en unas alegaciones contra una subida fiscal "encubierta" que el PP iba a aplicar en 2004 en torno a un 30%. Con su denuncia, consiguió que la critica socialista pasara a segundo plano y el debate fuera si el PSOE falsificó las firmas ciudadanas.

Ni 48 horas después del archivo de esta causa, el edil popular arremetió contra el portavoz del PSOE, Rafael Román, después de que éste desvelase una grave irregularidad de la Zona Franca. Fernández le denunciará ante la Agencia de Datos y la Fiscalía por "facilitar" datos personales de trabajadores de la Zona Franca a los periodistas gaditanos. Román no hizo público ningún dato personal pero proporcionó la respuesta íntegra del Gobierno sobre supuestas irregularidades del recinto fiscal que contenía datos personales de 12 trabajadores.

El diputado socialista facilitó esta documentación a la prensa pero después de llegar a un compromiso previo con los periodistas de que no podían revelar los datos personales. Todos los informadores han cumplido el acuerdo, aunque un periódico local ha denunciado la entrega de esos datos. Este hecho ha llevado a Fernández a denunciar a Román por "no tener escrúpulos" al entregar datos confidenciales. Román ha recordado que los periodistas conocen sus "invocaciones expresas" a la confidencialidad de estos datos.

Esta última denuncia ha exasperado los ánimos del PSOE que está pensando seriamente denunciar a Fernández por "imputaciones falsas" en las firmas falsas y por esta última denuncia. "Cuando no tiene razón o no hace política, recurre a la descalificación, al insulto y a los juzgados con imputaciones falsas", afirma Teresa Agudo, concejala socialista, a quien el edil popular le amenazó con crear una comisión de investigación por cuatro presuntas irregularidades.

Otro caso del que intentó desviar la atención fue un derrumbe que causó la muerte de un menor de 15 años. En un episodio inédito en la democracia, logró que el PP reprobase en un pleno a Rafael Román por pedir un pleno sobre este trágico accidente, en el que el juzgado ha apreciado indicios de delito. Blas fue imputado por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave pero recurrió a su condición de aforado como senador para declarar ante el Supremo.

Fernández ganó varios recursos como concejal de la oposición y a la ex portavoz del PSOE María de la O Jiménez por acusarle, sin pruebas, de utilizar su cargo público para beneficio de su despacho profesional. Ha interpuesto también una querella porque le han involucrado en la conocida trama china.

Sin embargo, niega que sea el responsable de judicializar la vida municipal. "La política se ha ensuciado mucho porque se están mezclando el honor de las personas. La culpa es de Teresa Agudo que tiene verdadera obsesión por mí y cree que el Ayuntamiento es una sucursal del juzgado", afirma.

Su afición por los juzgados no acaba con el PSOE. Como graduado social le ganó un pulso al colegio de Abogados de Cádiz que se querelló contra él por utilizar la toga en un juicio. Y no duda en cuestionar la actuación de algunos jueces, de los que ha llegado a afirmar que les hace falta "una mejor preparación" porque "les revocan muchas sentencias".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de mayo de 2005