Solbes dinamita la ficción del déficit cero

Gerardo Camps llegó a la Consejería de Hacienda después de seis largos años al frente de la tesorería de la Seguridad Social. Entonces se permitía bromear sobre su capacidad para aliviar la carga financiera de la Generalitat Valenciana después de haber disfrutado de un impresionante alza del número de cotizantes en las arcas del Estado. Pero los ingresos de la Generalitat Valenciana están tasados y no tuvo más remedio que ajustar los gastos.

Camps consintió la suspensión de pagos de Terra Mítica apenas unos meses después de llegar al cargo para evitar inyectar más fondos públicos en el parque temático. Redujo a la mitad el consejo de la Ciudad de la Luz y rescindió varios contratos millonarios. No pudo detener las obras del Palau de les Arts, en Valencia, pero tampoco se preocupó por acelerarlas.

Camps consintió la suspensión de pagos de Terra Mítica para evitar inyectar más fondos públicos en el parque temático.

El Consell debe enjugar 780 millones de déficit de 2003 y renunció a reclamar al Gobierno otros 270 millones por pagos para obras del Estado.

Tampoco ha puesto gran empeño en camuflar la deuda pública. A mediados de 2003, cuando llegó al cargo, el Banco de España estimaba que la deuda de la Generalitat Valenciana ascendía a 7.865 millones de euros, una cantidad que representaba el 11,2% del PIB regional. A finales de 2004, el último dato disponible, el banco emisor elevaba la deuda pública regional a 9.345 millones de euros, el equivalente al 12% del PIB. La deuda media de todas las comunidades autónomas representa el 6,5% de su PIB conjunto.

Como responsable de Hacienda, Camps presume de haber multiplicado los ingresos de la Generalitat. El pasado mes de febrero, Camps anunciaba que los ingresos por tributos gestionados y liquidados en la Comunidad Valenciana crecieron un 23,8% en 2004, respecto a los obtenidos en el ejercicio 2003, pasando de 1.870,64 millones de euros en 2003 a 2.316,03 millones de euros durante 2004. Un esfuerzo loable que pone en entredicho, además, la capacidad de gestión de sus predecesores.

Pero el problema que afrontan las arcas valencianas es estructural. La financiación de los servicios públicos que ofrece la Generalitat, esencialmente la Sanidad, es deficitaria desde que se transfirieron las competencias bajo presidencia del socialista Joan Lerma. La apuesta política por el autogobierno arrastra desde entonces una costosa factura. Ningún responsable de Hacienda ha tenido empacho en reconocer el problema en privado. Camps tampoco.

El discurso presupuestario oficial instaurado por el PP, sin embargo, incluía una sacralización del equilibrio presupuestario. La consigna del déficit cero ha formado parte de todos los discursos oficiales durante años. Camps introdujo en sus primeros presupuestos, los del ejercicio 2004, la muletilla habitual: "Como viene ocurriendo en estos últimos años, se ha establecido como uno de los objetivos fundamentales el equilibrio presupuestario", etcétera, etcétera.

El presupuesto de 2003, de hecho, se había liquidado con un desfase entre gastos e ingresos de apenas cuatro millones de euros y un agujero de caja de otros 140 millones de euros por acuerdo del Consell a finales de marzo de 2004.

Un año después, las cosas habían cambiado. El vuelco electoral en Madrid con el ascenso de los socialistas al poder en marzo de 2004 situó a Pedro Solbes al frente del área económica del Gobierno central.

La llegada del nuevo Gobierno desató el debate sobre el modelo autonómico, pero acompañado de rigor presupuestario. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne a los responsables de Hacienda de todos los gobiernos autonómicos y que preside el vicepresidente económico del Gobierno estimó que el desfase presupuestario del Consell en 2003 se elevó a 780 millones de euros.

Camps reclamó el mismo trato que el Gobierno estuviera dispuesto a dispensar a Cataluña antes de acudir a las reuniones decisivas del CPFF. Y lo recibió.

El Consell fue autorizado a dilatar la exigencia de equilibrio presupuestario hasta 2008, pero la Generalitat asumió el compromiso de enjugar 780 millones de euros de déficit y, además, renunció expresamente a reclamar al Gobierno otros 270 millones de euros que mantenía vivos por pagos supuestamente anticipados para sufragar obras del Estado.

El Consell anunció recortes de gastos corrientes y discrecionales, subvenciones y publicidad institucional. Camps también se comprometió a implantar el céntimo sanitario para gravar la venta de hidrocarburos en la Comunidad Valenciana, una medida que todavía no se ha adoptado.

El presupuesto de 2005 prevé un recurso a la deuda que se cifra en más de 600 millones de euros, frente a los 100 millones de euros habituales en presupuestos anteriores, y está elaborado de acuerdo al plan de estabilidad pactado con el Gobierno central.

Solbes dinamitó la ficción del déficit cero y, paradójicamente, liberó al Consell de un corsé que le impedía reclamar a cara descubierta sus necesidades reales de financiación.

La discreción del PP valenciano en el actual debate sobre el futuro de la financiación autonómica es proverbial. Como esa cláusula del nuevo Estatuto que pide tanto como el que más.