Bruselas considera que la nueva normativa de industria química no generará sobrecostes a las empresas

La Comisión Europea y la industria química extraen conclusiones diferentes del mismo estudio. Con el informe elaborado por la consultora KPGM en la mano, la industria alerta del grave perjuicio que supondrá para las pequeñas y medianas empresas (pymes) el proyecto europeo de reglamento para controlar las sustancias químicas, mientras la Comisión proclama que los temores sobre el sobrecoste que la normativa supondría se han exagerado y son totalmente asumibles. A pesar de tal disparidad, la patronal europea admite aspectos positivos del proyecto, lo que facilita, según Bruselas, el acuerdo.

El reglamento REACH (registro, evaluación y autorización de sustancias químicas, en sus siglas en inglés) es uno de los grandes proyectos de Bruselas, junto a la directiva de servicios o directiva Bolkestein, que recorre un camino repleto de espinas. Ante el temor de que ambas normas erosionen la competitividad de las empresas europeas, el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, decidió reexaminarlas a principios de año. Ahora, REACH parece abrirse camino. "Los argumentos financieros [de sobrecoste para las empresas] han desaparecido", según ha proclamado el comisario de Industria Günter Verhoegen.

La industria no lo ve así. El análisis de KPGM, financiado por la patronal europea UNICE / CEFIC, concluye, por ejemplo, que aplicar REACH le costará a las pymes un sobrecoste de hasta el 20% de su facturación anual, lo que resultaría devastador. También argumenta que el análisis es sectorial (automóvil, embalajes y materiales inorgánicos) y limitado (sólo 152 sustancias) y que no se ha centrado, en general, en el espinoso asunto de los costes, lo que invalida la lectura que hacen tanto la Comisión Europea como los ecologistas, muy favorables a una norma que reducirá los efectos nocivos para la salud y el medio ambiente de la potente industria química.

El informe destaca algunos efectos positivos como, por ejemplo, que no hay peligro de que se retiren del mercado ciertas sustancias, como se temía, y se reconoce que el sistema REACH puede mejorar la información de los riesgos potenciales de las sustancias y, por tanto, mejorar su gestión. También se señala que la reducción de cargas financieras y administrativas puede conducir a ciertas empresas a invertir más en innovación.

La patronal, sin embargo, sigue preocupada por la pérdida de competitividad de su industria, al tener que afrontar gastos adicionales para registrar y ensayar, según se calcula, entre 20.000 y 30.000 productos químicos. Hungría y Reino Unido han propuesto reducir costes bajo el principio de "una sustancia, un registro".

El reglamento REACH, cuya propuesta formal presentó la Comisión Europea en octubre de 2003, obligará a registrar y evaluar todas aquellas sustancias químicas nuevas comercializadas desde 1981 cuya producción supera la tonelada (el sistema actual obliga a partir de los 10 kilos).