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Anticorrupción investigará la privatización de Babcock Borsig

Conde-Pumpido ordena comprobar si hubo delitos societarios

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado a la Fiscalía Anticorrupción investigar la denuncia del comité de empresa de Babcock Borsig España (antigua Babcok Wilcox) sobre el proceso de privatización de la empresa en 2001, durante el Gobierno del PP. Los hechos podrían ser constitutivos de delitos societarios, de falsedad documental y de malversación de caudales.

El fiscal del Estado ha hecho uso de su facultad de poder atribuir a la Fiscalía Anticorrupción, que dirige el fiscal jefe Antonio Salinas, aquellos casos que revisten especial "trascendencia" y "complejidad", ya que considera que los hechos denunciados por el comité de empresa de Babcock reúnen esos requisitos.

La trascendencia, según el decreto del fiscal del Estado, resulta "del volumen de las cantidades dinerarias implicadas", de la "dimensión social y económica de la empresa" y de la implicación en los hechos "de alguna de las principales instancias industriales españolas".

La complejidad concurre en supuestos en que, como el presente, la posible investigación deberá abordar "acuerdos contractuales de gran volumen" y "documentos contables representativos de una muy larga y diversificada actividad económica, en la que han tenido participación grandes empresas españolas y extranjeras".

El pasado día 20, el comité de empresa de Babcock Borsig España (BBE), pidió la "intervención inmediata" del fiscal general del Estado para investigar todo el proceso de privatización de BBE y sus filiales Babcock Montajes e Isotron, y que se analicen todas las aportaciones económicas de fondos públicos desde el momento de su privatización. En concreto, la representación de los trabajadores pedía que la investigación se centrase en la adjudicación de BBE a la empresa Austrian Energy&Environement (AEE), "del supuesto grupo A-TEC, y las posibles implicaciones y responsabilidades que pudieran derivarse de adjudicarla a una empresa que ni siquiera cumplía con las condiciones que la misma SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] estableció en la fase de oferta para su venta".

Los trabajadores denunciaron como posibles irregularidades la privatización de Babcock a empresas "de dudosa solvencia", ya que "no hay estados financieros consolidados auditados de A-TEC, pese a lo que se dice en los comunicados oficiales de la SEPI".

También denunciaron la "ausencia de control de fondos públicos" y en concreto, los préstamos de BBE a la matriz Babcock Borsig AG y otras del grupo Borsig. Según la denuncia, al suspender pagos quedó un saldo de 20 millones de euros pendiente de devolución.

Incidentes

Por otra parte, ocho trabajadores de la empresa Babcock y un agente de la policía vasca resultaron heridos durante los incidentes que se produjeron a las 15.00 de ayer dentro de la fábrica, cuando la Ertzaintza intentó sacar a los directivos fuera del recinto fabril en un furgón, informa Pedro Gorospe.

Los trabajadores se habían concentrado frente a los despachos de los directivos para protestar por el despido de un compañero. Tras los altercados, uno de los heridos tuvo que ser hospitalizado y la asamblea de trabajadores decidió iniciar una huelga indefinida para solicitar la inmediata readmisión del despedido.

Babcock, privatizada en 2001, fue comprada en 2004 por el grupo Austrian Energy. El comité de empresa y la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), le han exigido que cumpla los compromisos adquiridos, es decir invertir 76 millones, aportar 320.000 horas de carga de trabajo y transferir tecnología por valor de 17 millones.

Antonio Salinas.
Antonio Salinas.

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