La mutilación de las mujeres entre nosotros

Estos días estamos de enhorabuena. El Congreso de los Diputados, en comisión, acaba de introducir por unanimidad una modificación legal a fin de que los tribunales españoles puedan perseguir penalmente a un ciudadano extranjero residente en España que haya practicado por sí mismo o a través de otros la mutilación genital de sus hijas. Hasta ahora no era así y si se realizaba en el extranjero (lo más habitual era hacerlo aprovechando el viaje anual de vacaciones al poblado de origen) y por persona extranjera (que después no obtuviera la nacionalidad española), los tribunales españoles no podían actuar penalmente por el hecho de la mutilación. Ahora se equipara la mutilación genital femenina a los delitos de terrorismo y genocidio, a efectos de competencia extraterritorial de nuestros tribunales.

Estamos ante un gravísimo atentado contra los derechos humanos que afecta a 130 millones de mujeres en el mundo y más de 5.000 niñas al año. En la demarcación de Girona tenemos desde el 2002 un protocolo de actuación para luchar coordinadamente contra estos graves atentados contra los derechos de las mujeres (cuando todavía son niñas). Tenemos colectivos importantes de inmigración subsahariana y sospechábamos de la existencia del hecho en estas comunidades. Los avisos solían venir por mutilaciones descubiertas durante reconocimientos médicos de niñas. Eso explica la necesidad que tuvimos de elaborar un protocolo que nos permitiera conocer y divulgar más y mejor el problema (sus raíces, sus orígenes, sus ámbitos geográficos de procedencia, sus consecuencias físicas y psíquicas para la mujer, etcétera) y, además, conocer cuáles debían ser las pautas de conducta recomendadas para actuar de manera coordinada. Se han hecho actuaciones preventivas gracias a la diligencia y celeridad de jueces, fiscales, policías y profesionales que han permitido evitar la mutilación de 24 niñas entre los años 2003 y 2004. No sabemos cuántas no han podido escapar de la mutilación, pero hemos observado cambios en la situación en los últimos meses que nos permiten ser un poco más optimistas. Empezamos a encontrar casos en los cuales la persona que avisa del peligro de la mutilación es la propia madre, cosa que quiere decir que nuestra escala de valores (entre la cual destaca la igualdad efectiva en derechos entre el hombre y la mujer) va calando entre las mujeres inmigrantes que viven entre nosotros. Van perdiendo el miedo y comienzan a saber que la sociedad las quiere ayudar. Y es que quien ha conocido los aires de libertad difícilmente acepta volver atrás. También ayuda el hecho de que en algún país donde la práctica es tolerada (no permitida legalmente) exista ya alguna asociación de mujeres contraria a la ablación, con apoyo de los imanes de la zona, cosa que rompe el tópico de su vinculación al islam. También los colectivos de profesionales de la sanidad y la educación, y las asociaciones de mujeres, cada vez están más formados para la detección de los indicadores de riesgo para las niñas que tratan. Y cuando se enciende la luz de alerta, en las comarcas gerundenses sabemos qué hay que hacer para actuar rápidamente.

Pero es importante conocer las causas que explican este fenómeno para poder combatirlo con eficacia y humildad, cosa que a los europeos a veces nos falta. Sólo en una situación de proximidad al colectivo que vive con nosotros podremos ayudar a las mujeres a luchar contra este gravísimo atentado contra su integridad física y psíquica que deja secuelas de por vida. Debemos conocer los argumentos que su tradición les ha transmitido sobre la mutilación para contraargumentar con eficacia y solvencia. Debemos tener presente que otro tópico que se manejaba ha caído. No son las madres las que deciden sobre la mutilación de sus hijas: son los padres, con lo cual la aproximación al colectivo debe incluir a los hombres, que son los que tienen la última y definitiva palabra sobre la mutilación. Y sabemos que la aproximación al colectivo no es nada fácil por el aislamiento que imponen los hombres a sus esposas, que llega incluso a la reclusión en casa.

Y de aquí que sea un paso más (pero no el definitivo, porque con las leyes penales nunca se llega a las soluciones globales definitivas) la proposición de modificación de Ley Orgánica del Poder Judicial en tramitación parlamentaria en estos días por el Congreso de los Diputados, aunque debemos confiar en que antes de su entrada en vigor pueda mejorarse su redacción. ¿Queremos que sólo puedan ser perseguidos los responsables (es decir, los padres) si la mutilación se ha producido durante su estancia entre nosotros o queremos que se les puedan exigir responsabilidades penales si la mutilación se ha producido antes de llegar a España? Las consecuencias, según sea una u otra la opción, son trascendentales. ¿Queremos predicar que en España no podemos tolerar este comportamiento entre los que acogemos o queremos evitar que vengan a nuestro país con la advertencia de que, si descubrimos que han mutilado a sus hijas, les vamos a enjuiciar?

Debemos (deben los legisladores) reflexionar en este sentido y tomar una decisión. Pero no pueden dejarlo en la indefinición para que luego sean los tribunales los que se enzarcen en interpretaciones contradictorias. No puede traspasarse el problema a los jueces. Las leyes (y aún más las penales) no pueden ser ambiguas y el legislador tiene la obligación (y el derecho) de optar.

Pero, en fin, confiamos en nuestros legisladores y seguro que encontrarán la manera justa de hacerlo. Ahora de lo que se trata es de felicitarnos de este otro paso que se ha avanzado en contra de la mutilación, pero sin olvidar que quedan muchos otros por dar.

Carles Cruz Moratones es magistrado y portavoz de la Comisión de Coordinación contra la Violencia Doméstica de Girona.