El PP plantea repartir las instituciones autonómicas entre Sevilla, Málaga y Granada

El PP quiere que la reforma del Estatuto de Autonomía sirva para hacer un reparto de las instituciones autonómicas entre las provincias de Sevilla, Málaga y Granada. El presidente del PP, Javier Arenas, anunció ayer las propuestas de su partido para la reforma, pero dejó claro su escaso convencimiento sobre la necesidad de modificar el Estatuto. Arenas dio marcha atrás en unas declaraciones que hizo el martes en Barbate (Cádiz) en el sentido de que Andalucía debía ser definida "comunidad histórica" en el Estatuto, a lo que el PP se opuso en el Parlamento hace un mes. El PP defenderá que se mantenga la actual definición de nacionalidad y pretende que en el preámbulo del Estatuto se haga mención al carácter histórico de Andalucía.

Arenas anunció ayer en Carmona (Sevilla) las propuestas para la reforma del Estatuto, que serán entregadas hoy en el Parlamento. El líder del PP intentó aclarar que quiso decir cuando el martes defendió que Andalucía sea definida en el Estatuto como "comunidad histórica", una denominación que su partido desdeñó en el Parlamento por no tener cabida en la Constitución. Arenas señaló que su intención es que el preámbulo del Estatuto recoja "el carácter histórico" de Andalucía y que se mantenga la actual definición de nacionalidad.

El martes, al ser preguntado sobre la idea del PSOE de que se mantenga el término nacionalidad, Arenas afirmó: "Me ha llamado mucho la atención que se diga que nuestra comunidad va a ser definida como una nacionalidad en el Estatuto cuando ya está definida como nacionalidad. Lo que el PP pretende es que sea definida como una comunidad histórica. No podemos aceptar que otras comunidades se consideren históricas y la milenaria Andalucía no lo sea". El PSOE censuró ayer "las contradicciones" del PP, al que acusó "de confundir" a la opinión pública.

En el acto de ayer, Arenas quiso dejar claro que "las primeras reflexiones" de su partido sobre la reforma no suponen una "posición definitiva".

El PP coincide con el PSOE en que el Estatuto reconozca a Sevilla como capital de Andalucía. Además quiere dar rango estatutario a algunas instituciones que se crearon tras la aprobación del Estatuto y distribuirlas entre tres provincias. La propuesta del PP pasa por el traslado a Málaga de la Cámara de Cuentas y el Consejo Económico y Social y el reconocimiento de Sevilla como sede del Parlamento y del Consejo de Gobierno y de Granada como sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Consejo Consultivo. El elemento más conflictivo será el traslado a Málaga de dos instituciones que ahora tienen su sede en Sevilla. Este caso tiene el precedente del polémico traslado de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones de Madrid a Barcelona, a la que el PP se opone.

Además, los populares proponen incorporar el escudo y el himno andaluz al Estatuto. Arenas apuntó su intención de "consagrar" el Pacto Local, por el que la Junta debería ceder competencias y financiación a los ayuntamientos. En varias ocasiones el PP ha condicionado su apoyo a la reforma del Estatuto a que salga adelante este punto.

En materia de competencias, el líder del PP señaló que deben llegar todas las que se contemplan en el actual Estatuto y enfatizó que su partido reclamará "todas las que se puedan derivar de una no deseada reforma de la Constitución".

Arenas insistió en la propuesta del PP de que debe haber limitación de mandatos de los presidentes de la Junta y que se debe contemplar que las elecciones andaluzas no coincidan con otro proceso electoral.

El líder del PP señaló que el Estatuto debe contemplar entre sus objetivos el pleno empleo y la lucha contra los malos tratos a las mujeres.

Los populares propondrán que el nuevo Estatuto requiera una mayoría de dos tercios en el Parlamento para ser reformado, frente a los tres quintos de la actualidad, lo que impide al PP tener margen para el veto.