El PP de La Vila aprueba un convenio con el Atrium para legalizar el hotel

El gobierno local de La Vila Joiosa, del PP, aprobó ayer en solitario un plan negociado con la promotora Hotel Luna, SL, para legalizar las obras del hotel Atrium Beach, inmueble cuyas obras fueron paralizadas en septiembre de 2003 y sobre el que pesa una sanción del Consell de 12 millones de euros tras detectarse un exceso de edificabilidad de 53.000 metros cuadrados (11 plantas de más).

El alcalde de La Vila, José Miguel Llorca, del PP, lejos de asumir responsabilidades políticas por consentir la mayor infracción urbanística en la Comunidad Valenciana, riñó en el pleno a los concejales de la oposición por "no plantear soluciones" a un problema generado durante su mandato.

En medio de una gran expectación pública -el salón de plenos y su antesala se encontraban repletos de gente- el grupo socialista centró su intervención en dos puntos: en la petición de responsabilidades políticas por la dejadez del gobierno local en su función de control de la actividad urbanística y en la exigencia de que se derribe la totalidad del edificio. "Pedimos una cosa muy sencilla: que se aplique la ley", insistió una y otra vez el portavoz socialista, Gaspar Lloret. "Ésa es la única solución", agregó.

Al pleno asistieron trabajadores de la empresa promotora del hotel que defienden la tesis de llegar a una solución sin derribos y representantes de una agrupación de vecinos de las cuatro torres del complejo, que exigen la demolición del exceso de obra como única vía de reponer la legalidad urbanística.

Los grupos de la oposición municipal y la agrupación de vecinos advirtieron de posibles recursos al acuerdo del gobierno local.El grupo socialista considera que la propuesta de legalización del hotel Atrium Beach aprobada ayer por el gobierno municipal del PP es "un traje medida" que "intenta legalizar lo que es ilegalizable". El portavoz del PSPV-PSOE, Gaspar Lloret, centró sus intervenciones plenarias de ayer en la idea de que sólo queda una vía para legalizar el Atrium: el derribo, que es, aseguró, por la que apuestan los técnicos municipales y la que defiende el consejero de Territorio de Vivienda de la Generalitat, Rafael Blasco. "Sólo le pedimos que le haga caso usted a su consejero Blasco", insistió una y otra vez Gaspar Lloret al alcalde, Miguel Llorca.

Según la propuesta aprobada ayer, será el Ayuntamiento y no la promotora el órgano que redacte de oficio un Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM). El pleno facultó al alcalde a suscribir un convenio urbanístico con la mercantil Hotel Luna que establece sanciones por importe de entre el 1% y el 5% de la obra ejecutada y de entre el 10% y el 20% sobre el exceso de obra ilegalizable con el PRIM.

El acuerdo adoptado ayer, previamente negociado con la promotora, prevé la demolición de plantas completas -no especifica la cantidad- y el compromiso de la mercantil de construir, en una parcela dotacional cercana al hotel, un edificio para uso municipal por importe máximo de 1,5 millones de euros.

El pleno de ayer sirvió también para disertar sobre el uso que se dará al dinero procedente de la sanción a la promotora. Según el alcalde, el dinero de la sanción que se determine en un futuro, cuando se concrete el exceso de edificabilidad, "se destinará a actuaciones medioambientales y sociales", aunque también admitió que "la construcción de una extensión administrativa en la zona de La Cala es muy necesaria". El único edil de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, dijo en el pleno que está dispuesto a retirar los seis contenciosos sobre el Atrium y a apoyar el plan de PP para legalizar el hotel si recibe 4 millones de euros para desarrollar su programa electoral.

Según el alcalde, la aprobación de su iniciativa supone "un paso muy importante para buscar una salida que sea definitiva". El alcalde se refirió al Plan de Reforma Interior de Mejora como "una solución legal que se utiliza como instrumento urbanístico contemplado en la LRAU y en el Plan General", pero también aclaró que "lo que no sea susceptible de legalizar deberá ser demolido".

El socialista Gaspar Lloret manifestó que el PRIM no es un instrumento para reponer la legalidad urbanística y se quejó de que sea el Ayuntamiento y no la empresa promotora la que corra con los gastos de su redacción.

Por su lado, el consejo de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, manifestó ayer que el edificio del complejo hotelero Atrium Beach "se tiene que demoler" y reiteró, según una nota de Efe, que se trata de una ilegalidad.