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Maragall reclama unidad a los partidos en la segunda etapa de la reforma del Estatut

El presidente pide la misma actitud adoptada para el retorno de los 'papeles de Salamanca'

Enric Company

A punto de comenzar la segunda etapa en la redacción de la reforma del estatuto de autonomía, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, pidió ayer en el Parlament a todos los partidos un esfuerzo de unidad similar a la que se ha producido en torno a la reclamación de los denominados papeles de Salamanca. "Esto es lo que quiero impulsar en este momento: unidad y objetivos compartidos". La apelación del presidente se produjo en la sesión de control al Gobierno, en la que los dos partidos de la oposición, CiU y el PP, mantuvieron un tono conciliador.

Maragall tomó pie de una pregunta formulada por la diputada socialista Manuela de Madre sobre el retorno de los papeles de Salamanca para expresar sus inquietudes en el actual momento de la reforma del Estatut. El presidente quiere convocar una cumbre de los líderes de los cinco partidos catalanes para abordar la segunda lectura del proyecto de reforma, en la que se han de afrontar los numerosos desacuerdos aparcados durante la primera lectura. Pero Artur Mas, líder de CiU, primer partido de la oposición, se niega a asistir a esta cumbre, alegando que Maragall sólo busca protagnismo.

"Presentaremos nuestro Estatut y nuestra propuesta de financiación con el mayor aval posible", dijo Maragall, "pero en este asunto, como en el de los papeles de Salamanca, la unidad es la clave". Y agregó: "Lo que quiero impulsar y espero de este momento es unidad y objetivos compartidos".

En su turno, Mas no se refirió a esta cuestión, sino a los problemas surgidos en la regularización de inmigrantes, un proceso en el que la Generalitat no tiene competencias.. Acusó al Gobierno catalán de situarse "como simple espectador y outsider" en un asunto de grandes implicaciones ciudadanas y de haber abandonado a su suerte a los ayuntamientos, que han debido hacerse cargo de resolver "las improvisaciones del Gobierno del señor Zapatero".

Maragall le respondió que el Gobierno catalán "tiene en este asunto las competencias que ha heredado de su antecesor". Es decir, ninguna. Pero aseguró que conseguirá tener más "para poder controlar la distribución de la inmigración en el territorio".

Quien sí ha anunciado que acudirá a la convocatoria de Maragall es Josep Piqué, presidente del segundo partido de la oposición, el PP. El propio Piqué y los diputados de su grupo que forman parte de la ponencia del Estatut se reunieron ayer en el Parlament con una delegación de la dirección nacional formada por el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Federico Trillo; la responsable de política autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, y Javier Zarzalejos, de la FAES, la fundación que dirige José María Aznar.

Fue una reunión inhabitual, según admitieron incluso los propios miembros del PP. Por una vez, los dirigentes nacionales del partido acudieron a Barcelona para ver qué hacen sus diputados autonómicos en la reforma del Estatut, en lugar de acudir los diputados catalanes a Madrid para recibir instrucciones.

Acuerdo en financiación

Los tres partidos del Gobierno catalán han cerrado ya el acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que se incluirá en el Estatut y se presentará el próximo miércoles. Tras varias reuniones entre Antoni Castells, consejero de Economía y Finanzas; Josep Huguet, titular de Comercio, Turismo y Consumo, y Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales, la propuesta del tripartito está ya en manos del Instituto de Estudios Autonómicos (IEA) para su "verificación y adecuación jurídica". Posteriormente, la propuesta servirá como base para la negociación con CiU dentro de la ponencia del Estatut.

El Gobierno catalán tenía previsto presentar hoy el informe, pero finalmente ha aplazado la presentación ante las peticiones del IEA, que ha reclamado más tiempo para analizar el documento desde el punto de vista jurídico, según fuentes de la Generalitat. Después, el informe se remitirá a la ponencia del Estatut, sin el sello del IEA, para preservar su independencia.

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