La policía admite que expulsa a extranjeros desde Irún sin decírselo a sus abogados

El responsable del Grupo de Extranjeros de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Irún, Abel Pizarro, admitió ayer que su unidad ha resuelto la expulsión de algunos inmigrantes sin comunicársela a sus abogados, pues entiende, al igual que su homólogo en San Sebastián, que la normativa no le obliga.

El policía declaró como imputado en un juzgado de instrucción de Irún, después de que el Turno de Extranjería del Colegio de Abogados de Guipúzcoa presentara en febrero una denuncia contra él y cualquier otro funcionario que pudiera ser responsable, por presunta prevaricación y vulneración de derechos fundamentales de siete extranjeros, a los que se expulsó de España sin haberlo notificado debidamente a sus letrados.

Pizarro reconoció que ha instruido cuatro de los siete expedientes, entre ellos el de Gabriela Queteguari, la joven boliviana que el miércoles regresó de su país a Hondarribia con cargo al Estado por orden judicial. Una magistrada consideró irregular su repatriación, ya que, al no haber sido notificada a tiempo a su abogado, impidió que éste solicitara su suspensión. La mujer tramitará en los próximos días su regularización en España, ya que la familia para la que trabajaba antes de ser expulsada va a contratarla.

El responsable policial realizó una interpretación "sui géneris" de la normativa, comentó el coordinador del Turno de Extranjería, Iñaki Almandoz. Pizarro declaró que el inmigrante tiene derecho a abogado cuando la policía le detiene y le abre un expediente. Sin embargo, sostuvo que la representación letrada concluye cuando el expediente se remite a la Subdelegación del Gobierno, que es la que dicta la resolución de expulsión. La notificación de esa resolución compete a la comisaría y, según interpretó, "no es un trámite dentro del procedimiento administrativo". Añadió que si la expulsión se comunica a los abogados una vez que se ha producido, es "por deferencia".