El nuevo Estatut como objeto de exportación

Los parlamentarios valencianos votaron ayer por unanimidad su acuerdo sobre el nuevo Estatut para nuestra comunidad autónoma. La paradoja es que aún no saben cuál será el contenido de ese texto, sobre el que aún mantienen acusadas divergencias.

La sesión de ayer de las Cortes visualizó, en cualquier caso, la satisfacción de los diputados consigo mismos y con la aplaudida ponencia que ha redactado el dictamen sobre el Estatut. "Ha habido buen rollo", llegó a enfatizar desde el estrado Joan Ribó, portavoz de EU-L'Entesa. Mientras en el interior del hemiciclo se daba rienda a tanta autosatisfacción, en las calles adyacentes no se manifestaban masas enfervorizadas ante semejante acontecimiento.

El obvio motivo es la previsibilidad del texto estatutario que ha de salir. En primer lugar -y eso es mérito de sus ponentes-, por haber dedicado meses a consultar a todo quisque: ninguna entidad o institución representativa de la Comunidad ha quedado al margen de la consulta. En segundo lugar, porque la intención manifiesta de todos los grupos políticos es no sólo la de redactar un nuevo Estatut, sino, sobre todo, transmitir una imagen de consenso que lo blinde en el interior y que permita exhibirlo como modelo a imitar en el exterior.

Por mor del intenso escrutinio al que se está sometiendo al futuro marco legal de nuestra autonomía, los parlamentarios han sido particularmente prudentes a la hora de asignarse en él competencias o privilegios que no serían bien vistos por los ciudadanos. Así, no han apurado la propuesta inicial de igualar el coste de todos los escaños, lo que elevaría el número de diputados a 109, pero que encarecería también el presupuesto de las Cortes. Y se han conformado asimismo con extender su inviolabilidad sólo a algunos supuestos fuera de sede parlamentaria y a ampliarla hasta las siguientes elecciones. Se trata de meros detalles técnicos, sin duda, pero, de haberse exagerado la nota, habrían podido arrojar sombras sobre el auténtico interés de nuestros representantes en la reforma.

Si ayer hubo satisfacción generalizada, no fue, pues, por propia conveniencia de los interesados, sino por haber logrado acuerdos que bien lo merecían: desde incluir el Derecho Civil valenciano hasta decidir que el Tribunal Superior de Justicia sea la última instancia judicial, pasando por controlar la Junta de Seguridad Ciudadana. Ésos y otros temas que han alimentado repetidas reivindicaciones autonómicas, fueron propiciados por la existencia constitucional de dos vías distintas de acceso a la autonomía y por haberse duplicado en muchos lugares servicios que prestaban a la vez la Administración central y algunas periféricas, como el de policía. A esa duplicación aberrante que aún colea, y que resta en la actualidad eficacia a la lucha contra el crimen, se opusieron en su momento gentes tan diversas como Josep Tarradellas y Manuel Fraga, con su administración única autonómica.

Aunque sólo fuese por esas disfunciones, bien está que se revisen los estatutos aquí y en el resto de España. En nuestro caso, frente a temas de obvio y generoso acuerdo de los grupos políticos, perviven diferencias a solventar rápidamente si se pretende que el nuevo Estatut sea el primero en modificarse y que sirva, a su vez, como referente a todos los demás. El mayor escollo se halla en esa Agencia Tributaria autonómica propia que propone el PSPV-PSOE. Aunque sus competencias queden muy lejos de las que tiene Euskadi, el peligro de una dispersión fiscal que disminuya su eficacia, potencie el fraude y provoque la desigualdad entre los ciudadanos no es ninguna fruslería: por experiencia propia he vivido la opacidad fiscal absoluta entre el País Vasco y el resto de España, que es semejante a la que pueda haber con Tailandia.

Pese a ello, el acuerdo estatutario está a la vuelta de la esquina. No para la fecha simbólica del 25 de abril, como pretendía el PP, dispuesto a "ser generoso y buscar el consenso", en manifestación de su portavoz, Serafín Castellano. Sin embargo, sí será rápido e inevitable porque una fuerte corriente dentro del PSOE -los "colegas centralistas", que dice en privado Joan Ignasi Pla, refiriéndose, quizás, a Rodríguez Ibarra, Chaves y algún otro- quiere, al igual que el PP, que el nuevo Estatut valenciano sea el espejo en el que se miren las otras autonomías, en vez de que escuchen los peligrosos cantos de sirena de un federalismo incontrolado, llámese asimétrico, medio pensionista o como sea.