Bruselas abre expediente infractor por falta de transparencia en la LRAU

Bruselas ha dado una seria advertencia al gobierno de España, y en especial al Consell, por la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). La Comisión Europea concluye que "España ha vulnerado las obligaciones que le incumben sobre los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obra". Bruselas cuestiona la falta de transparencia y de competencia en la adjudicación de planes urbanísticos. La Comisión inicia un procedimiento de infracción y da un plazo de dos meses al Gobierno para que presente alegaciones y se defienda.

La LRAU vulnera 12 artículos del Tratado y dos directivas europeas sobre obras

Hasta la fecha una empresa privada presentaba un proyecto urbanizador a un determinado ayuntamiento. El alcalde y los ediles examinaban una propuesta que se publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), a partir de ese momento había un plazo de 20 días para que otras empresas concurrieran, y otro más de cinco días para concretar el proyecto de ejecución de la obra. Para Bruselas, según algunos expertos juristas consultados ayer por este periódico, este procedimiento incumpliría el principio básico de igualdad de oportunidades y transparencia, ya que una de las empresas siempre juega con ventaja. Por eso en el escrito, la Comisión estima que, contrariamente a lo que establece la LRAU, los ayuntamientos "deberían establecer un pliego de condiciones, explicando exactamente lo que quieren hacer cada vez que quieren urbanizar una zona, y cómo contrato público de servicios, requiere una licitación independiente". De la resolución se desprende que los Planes de Actuación Integral (PAI) deberían publicarse en el Boletín Oficial del Estado (y, en su caso, en el de la Unión Europea), para que cualquier empresa interesada pudiera hacer una oferta. De esta forma, el ayuntamiento tiene la "obligación de elegir la oferta económicamente más ventajosa, y su discrecionalidad está limitada por una serie de criterios objetivos establecidos en las directivas", según explica un experto, que prefiere no desvelar su identidad.

La resolución de la Comisión Europea, que avanzó ayer RTVE en el informativo Aitana, se produce a raíz de la denuncia que en julio de 2004 Abusos Urbanísticos No (AUN) presentó contra la LRAU valenciana al entender que incumplía la normativa europea sobre contratos públicos. En una carta del 21 de marzo de 2005 la Comisión Europea respalda la tesis de los denunciantes y anuncia que Bruselas ha iniciado un procedimiento de infracción contra "el Reino de España", ya que la LRAU valenciana viola varias directivas comunitarias que hacen referencia a los contratos públicos. Según el completo informe jurídico, cuya extensión es de 12 folios, la Comisión Europea concluye que España, y en concreto la Comunidad Valenciana, "ha vulnerado las obligaciones que le incumben conforme a las Directivas comunitarias sobre contratos públicos (Dir. 93/37/CEE y Dir. 92/50/CEE)". La primera de estas directivas hace referencia a los contratos públicos de obra superiores a los cinco millones de euros, y la otra para los contratos públicos de servicios. También vulnera los artículos del "43 al 55 del Tratado de la Unión Europea, y los principios generales indicados por el Tribunal de Justicia". La Secretaría General de la Comisión Europea remitió esta carta al Ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en la que detalla todos los argumentos jurídicos por los cuales el ejecutivo europeo cuestiona la legislación urbanística valenciana, y concede a España un plazo de dos meses para que responda a estas alegaciones de incompatibilidad de la LRAU con las normas europeas. La Comisión advierte de que "se reserva la posibilidad de emitir un dictamen motivado previsto en el artículo 226 del Tratado".

Para Enrique Climent, portavoz de Abusos Urbanísticos el dictamen de Bruselas es muy importante para los afectados, porque en cierta medida reconoce que la LRAU "permitía todo tipo de arbitrariedades y amiguismos, e impedía la transparencia y la competencia en la adjudicación de los contratos públicos de urbanización". Climent cree que ahora cualquier juzgado o tribunal de la Comunidad Valenciana "puede negarse a aplicar la LRAU, en virtud del principio de primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional, dado que la LRAU viola las directivas comunitarias". AUN aprovechó la ocasión para demandar una moratoria urbanística inmediata.

El consejero de Territorio, Rafael Blasco, encajó con deportividad la advertencia de Bruselas y en un comunicado de prensa dijo que esta resolución "avala la necesidad de la nueva Ley urbanística" que se aprobará "en breve". El dirigente del PP recordó que la LRAU fue aprobada por los socialistas y alardeó de haber incluido al Síndic, los agentes sociales y los cónsules en la elaboración de la nueva propuesta, remitida ya al Defensor del Pueblo. Blasco recordó que envió a Moratinos en noviembre una misiva con los detalles de la reforma de la ley urbanística y solicitando su opinión sobre la cuestión, aunque todavía no ha contestado.