Un cambio en Euskadi

Lo que son las cosas. Hace apenas 15 días, alguna afilada pluma del articulismo local acusaba de connivencia con el terrorismo a quienes nos habíamos mostrado críticos ante la prohibición de las candidaturas de Aukera Guztiak, juzgaba incomprensible el nutrido rechazo que suscita en Cataluña la Ley de Partidos Políticos de 2002 y atribuía tales herejías a los nefandos efectos del nacionalismo catalán, el cual, a fuer de nacionalista, nos obligaría a dar por bueno todo cuanto hace o dice el aún más nefando nacionalismo vasco. Pues bien, a pocas horas del cierre de la campaña electoral en Euskadi, son el presidente del Gobierno español, la Fiscalía General del Estado, la policía, la Guardia Civil, el Tribunal Supremo, el Constitucional y hasta el Centro Nacional de Inteligencia quienes parecen acomodados a la idea de que Euskal Herrialdeen Alderdi Komunista (EHAK), el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), concurra a las urnas, recoja votos que fueron de la ilegalizada Batasuna y obtenga representación institucional.

¿Qué ha pasado? ¿Acaso los señores Rodríguez Zapatero y Conde-Pumpido, las Fuerzas de Seguridad del Estado, los servicios de espionaje y las más altas instancias judiciales se han convertido de pronto en cómplices del terrorismo? ¿Tal vez todos ellos han sido engañados por la proverbial y perversa astucia del nacionalismo? Porque -permítanme recordarlo-, si la razón política mayor para excluir a Aukera Guztiak de la carrera electoral fue que no abominaba de ETA con suficiente contundencia, el posicionamiento de EHAK con respecto a la banda terrorista es del mismo tenor literal: la condena genérica de cualquier violación de los derechos humanos, sin más precisiones.

Desde luego, la hipótesis maquiavélica del cálculo electoral no puede descartarse del todo: siendo evidente que la probable obtención de algunos escaños por parte del PCTV alejará a Juan José Ibarretxe de la mayoría absoluta y le complicará la geometría parlamentaria para el cuatrienio 2005- 2009, el Gobierno socialista de Madrid no sería humano si no hubiese experimentado la tentación de poner bastones en las ruedas de un lehendakari que encarna hoy el mayor reto político a la vigente concepción de España. De todos modos, me parece más atendible otra interpretación del caso: lo sucedido muestra los límites de la Ley de Partidos de José María Aznar, y empuja al PSOE a emanciparse definitivamente de la política vasca del Partido Popular. Veámoslo.

Cuando la vigente Ley de Partidos Políticos fue aprobada, el PP de Aznar se hallaba en el cenit de su mayoría absoluta, de su prepotencia y de su cruzada contra el nacionalismo vasco, mientras que un PSOE acomplejado, de liderazgo tierno y frágil, con remotas perspectivas de victoria, quería ganar respetabilidad y tiempo poniéndose a la vera del Gobierno en las grandes "políticas de Estado", muy especialmente en el apartado antiterrorista. Sólo dentro de tal contexto se entiende la urgencia de hacer en 2002 lo que no se había hecho en 24 años de democracia, lo que no habían juzgado necesario ni Adolfo Suárez, ni Leopoldo Calvo-Sotelo, ni Felipe González: legislar en un sentido restrictivo y limitador del artículo 6 de la Constitución, aquel que establece la libre creación y funcionamiento de los partidos como instrumento fundamental que son para la participación política.

La argumentación que la derecha entonces gobernante impuso -algunos dirigentes de Convergència podrían dar fe de hasta qué extremo la impuso- era la identidad, la equivalencia entre ETA y Batasuna como motivo para ilegalizar a esta última y a cualquier otro grupo o candidatura que supusiera continuidad orgánica o de propósitos con ella. Subyacía bajo ese enunciado el propósito de invalidar, de neutralizar políticamente a una porción del electorado vasco que, nos guste o no, viene suponiendo entre el 10% y el 18% de los votantes. Y es ahí donde el mecanismo legal ideado por Aznar ha empezado a embotarse.

Porque, en efecto, ¿cuál es la causa de nulidad de una candidatura en el País Vasco? ¿Que sea una creación de Batasuna, o que trate de ocupar el espacio y atraer a los votantes de Batasuna? Lo primero sería fácil de probar ante un tribunal..., siempre que los dirigentes de la "izquierda abertzale" fuesen estúpidos; pero no lo son, y de ahí las objeciones que puso el Tribunal Constitucional antes de ilegalizar a Aukera Guztiak. Ahora bien, si lo que hay que perseguir es lo segundo, entonces el sistema democrático se verá obligado a entrar en una cacería paranoica de listas blancas, a sospechar de cualquier sigla inusual o rara, a escrutar cada cartel, cada logotipo, cada consigna, cada nombre: un escenario orwelliano. Aquello que el PP ha exigido estos días -la ausencia de EHAK del futuro Parlamento de Vitoria- requeriría otra ley: una que privase de sus derechos políticos a los 150.000 votantes asiduos de Batasuna. Y eso sería poner el Estado al nivel de ETA, que intenta algo parecido por la amenaza y el miedo.

Cabe, pues, la posibilidad de que las elecciones del próximo domingo marquen un cierto punto de inflexión para Euskadi y para España. Que sellen el fracaso de la estridencia españolista de la que María San Gil ha sido la variante risueña y pizpireta. Que fortalezcan la tercera vía representada por Patxi López. Que supongan el entierro definitivo del binomio constitucionalistas-nacionalistas y su sustitución por una política de geometrías menos rígidas. Que ratifiquen -si tal es la voluntad de los ciudadanos- la demanda de más autogobierno. Y que, con ETA en su nadir, abran el camino a la paz.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.