Una repatriación improcedente

Es una historia con un final feliz. Comenzó como una terrible pesadilla hace cinco meses, cuando la joven boliviana Gabriela Queteguari fue arrestada en Irún (Guipúzcoa) y expulsada a su país dos días después sin que mediara ninguna comunicación oficial a su abogado. Terminó ayer con el reencuentro, emocionante y sobrecogedor, de esta inmigrante con sus hermanos residentes en España y la familia que le dará un trabajo y ayudará a regularizar su situación laboral. "Ahora no es el momento de fiestas ni de celebraciones; sólo quiero abrazarme con la gente que me quiere y ponerme a trabajar", dijo Gabriela nada más aterrizar, con un día de retraso, en Hondarribia.

Ha sido como borrar 146 días del calendario. Es el tiempo que nunca debió correr de esta manera tan rocambolesca en la vida de Gabriela. Cuando en abril de 2004 pisó territorio español para asistir a la boda de su hermana Jessica con un ciudadano español en Irún, nunca imaginó los avatares que le deparaba el destino. Durante su estancia, se puso a trabajar como empleada del hogar y asistenta interna de una mujer en Hondarribia. Pero un día "maldito", el 16 de noviembre de 2004, fue detenida por la policía. Llevaban una orden de expulsión de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa, que se hizo efectiva dos días después sin que la resolución fuera notificada a su letrado. "La deportación fue lo peor", reconoció ayer esta joven de 25 años.

Se marchó con una sensación de derrota. Por eso ocultó a su familia que había sido deportada

Ya en su país natal, Gabriela no perdió el contacto con España. Hablaba casi a diario con la familia que le daba sustento, un dinero que enviaba a su ciudad natal (Riberalta-Beni) para mantener a su hijo de seis años y a sus padres. Míriam Salaberria, sobrina de la mujer que atendía, recuerda ahora que a Gabriela "se le cayó el mundo encima". "Se marchó con lo puesto y con una sensación de derrota, de fracaso. Hasta el punto de que en su casa ocultó que la habían deportado. Dijo que estaba de vacaciones", explica.

Míriam se puso en contacto con el abogado Iñaki Almandoz, responsable del Turno de Extranjería de Guipúzcoa, quien recurrió la orden de expulsión. La titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de San Sebastián, Ana Isabel Martín, dictó a mediados de febrero pasado un auto judicial que ordenaba a la Administración central la devolución de esta mujer boliviana al mismo punto donde fue detenida. No hay precedentes en España de un caso similar. La historia de Gabriela dio un giro completo a partir de entonces. La devolución a España, ordenó la juez, tenía que ser "inmediata". Para la Administración española, la inmediatez ha supuesto dos meses y un día de espera.

Han sido dos meses de papeleos y trámites burocráticos que han hecho interminable su regreso a España. Y un día de propina, porque este pasado martes, en el momento de tomar el vuelo, en el aeropuerto de La Paz le exigieron el pago de 70 dólares para salir del país, una cantidad que Gabriela no tenía. Por eso retornó con un día de retraso.

Gabriela no pudo ayer contener las lágrimas al ver en el aeropuerto a sus hermanos Marcelo y Jessica, y a la hija de ésta, María Fernanda, un bebé del que se vio forzada a despedirse al poco tiempo de nacer. Entre felicitaciones y abrazos, anunció que ahora sólo piensa en conseguir pronto los papeles. Su abogado reconoció que el procedimiento seguido con Gabriela -expulsarla sin notificación al abogado- es "una práctica habitual en la policía". Tras el caso de esta inmigrante se han conocido y denunciado otros seis similares, por los que declarará como imputado en un juzgado el responsable de Extranjería de la comisaría de policía de Irún.