El doble discurso del PP

La polémica sobre la construcción salvaje y qué hacer desde los poderes públicos para frenar esta ola inmensa que amenaza con inundar todo el territorio no es nueva. Es un tema recurrente que los partidos políticos utilizan como arma arrojadiza hasta decir una cosa y la contraria según el signo de la administración bajo sospecha. Un ejemplo de este tipo de debates se vio en el pasado pleno parlamentario, justo cuando el presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunció la reforma de la Ley del Suelo para poder intervenir en el urbanismo de los ayuntamientos que actúan al margen de las normas. Las portavoces de PP e IU, Teófila Martínez y Concha Caballero, preguntaron en la sesión de control sobre el descontrol urbanístico, aprovechando que el mismo Chaves había admitido su existencia puntual al estallar el caso del blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales en inversiones inmobiliarias de Marbella.

La popular suele acabar todos los duelos parlamentarios entre ella y Chaves con alusiones a la política municipal, sea cual sea el tema de discusión, porque es lo que mejor conoce, y en esta ocasión lo volvió a hacer y con ello llevó al debate al punto en el que parece estar el centro de la controversia en materia urbanística: por una parte demandó al socialista una actuación contundente y le criticó su "negligencia y dejación de funciones" y, por otra, le acusó de "intromisión en la autonomía municipal". Martínez compuso un discurso en el que hacía responsable al PSOE de todos los desmanes urbanísticos de Andalucía por múltiples razones: porque la Junta tiene las transferencias desde 1984, porque los socialistas gobiernan en la mayoría de ayuntamientos y diputaciones y porque, en todo los casos, la aprobación de los PGOU corresponden a la Junta. Y a la vez se quejó del afán controlador de la Administración autonómica. Nada dijo de la propuesta de Chaves.

Cuando al día siguiente el anuncio del socialista de modificar la Ley del Suelo tomó cuerpo, el PP, a través de varios portavoces, se situó enfrente de la reforma. Teófila Martínez dijo concretamente: "Que no se crea Chaves que podrá intervenir en los ayuntamientos por motivos políticos". Casi simultáneamente, sin embargo, el también portavoz parlamentario del PP Antonio Sanz, declaró que la reforma "se ha quedado corta", mientras que el presidente de este partido, Javier Arenas, señaló a colación con la mencionada modificación: "Chaves lleva 20 años haciendo el ridículo en materia urbanística". Explicó Arenas su afirmación en que su organización ve muy bien que se cambie la ley para atacar las irregularidades, pero no apoya que la dirija el presidente de la Junta actual "porque ya no hay confianza en él, ha tenido mucho tiempo para hacerla y no la ha hecho".

La postura de Izquierda Unida es coincidente con la del PP en la inoperancia de la Administración autonómica respecto al desorden urbanístico, además de sostener que con la actual normativa es posible quitar a los municipios infractores sus competencias. Tanto en el Parlamento, en el pleno pasado, como en otras tribunas, la federación critica que desde la delegaciones provinciales de Obras Públicas se ha dado el visto bueno a planeamientos urbanísticos que, a su juicio, "sirven a intereses especulativos" y en, otros casos, ha permitido la especulación simplemente al renunciar a establecer planes supramunicipales y subregionales.

Los andalucistas no han sido parte muy activa en la polémica urbanística, aunque en las ocasiones que se han pronunciado han defendido a la clarificación de las competencias y, sobre todo, su coordinación.

Para Los Verdes la lucha contra el urbanismo arrollador es una de sus prioridades. Su portavoz, Francisco Garrido, mantiene que si se continuá al ritmo actual en sólo cinco años el 70% del litoral andaluz estará urbanizado. En este sentido, esta organización contempla con buenos ojos que se quiten las competencias a los ayuntamientos infractores, a los que Garrido, pone nombre: Marbella, El Puerto de Santa María, Barbate y Almuñécar.

Al igual que IU, Los Verdes cree que la Junta ha adoptado una postura dubitativa y contradictoria respeto a los municipios que se saltan las normas, o directamente ni ni siquiera tienen normas, ya que mientras que el Gobierno andaluz, sobre todo en los últimos años, ha impulsado medidas para frenar el fenómeno del ladrillo, las delegaciones provinciales "son reo de los intereses de partido en cada provincia, vinculada clarísimamente a los alcaldes".

Quienes no vacilan a la hora de dar un no rotundo a ampliar el poder de la Administración autonómica es la patronal.