Condenados por estafa siete imputados en el 'caso funerarias'

Siete años y medio después de descubrirse el fraude de las funerarias en Málaga, se conoce al fin el primer fallo judicial. Los ocho procesados han sido condenados a multa por un delito contra el respeto a los difuntos. Además, siete de ellos han sido condenados a penas de prisión por un delito de estafa, a la que uno de los procesados ha de sumar otra por falsificación de documento. Pero las dilaciones de un proceso que se inició por primera vez en septiembre de 2001 han supuesto una rebaja sustancial de las penas respecto a las solicitadas por el fiscal.

El fraude consistió en la cremación irregular de casi 3.000 restos cadavéricos en el Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa), donde trabajaba Francisco Yepes Luque, uno de los condenados. Éste convenció a los responsables de cinco funerarias para incinerar los restos de noche, cuando las instalaciones estaban cerradas, por una cantidad entre 60 y 150 euros, muy inferior a la tarifa oficial. Además, devolvían a los familiares cenizas sin identificar, que no se correspondían con las de sus allegados.

Tres años de prisión

Yepes y Emilio Paloma Retamero, gerente de la funeraria La Popular, han sido condenados a tres años de prisión cada uno por estafa, la mitad de lo que pedía el fiscal, al apreciarse la atenuante muy cualificada de indebida dilación de la administración de justicia, según el fallo, dado a conocer ayer por la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Paloma ha de sumar un año más por falsificación.

Emilio Martín Gil, José Francisco Garrido Durán, José Manuel Olivares Moreno y Juan Lanzat Cobos han sido condenados a dos años de prisión, evitables si el juez decide suspender la condena. José Quesada Sierra, también culpable de estafa, ha de cumplir seis meses de arresto mayor. Francisco Escudero Berrocal, absuelto de estafa, ha de pagar multa por faltar el respeto a los difuntos.

Parcemasa y las funerarias que dirigían seis de los condenados han sido declaradas responsables civiles subsidiarias de unas indemnizaciones que pueden superar los 600.000 euros. La cifra no se conocerá hasta que se publique la sentencia completa, de 362 páginas.