El comité de Babcock exige a la dirección que dé la lista de los empleados favorecidos irregularmente en el ERE

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) considera que Babcock Borsig España (BBE) no ha cumplido en el expediente de regulación de empleo (ERE) todas las condiciones pactadas en el momento en que se hizo cargo de la compañía el grupo austriaco ATB, en diciembre de 2003. Por ello, ha comunicado a la empresa su voluntad de no hacer frente a un importe de casi seis millones de euros que corresponden a personas que no reunían los requisitos marcados.

La SEPI sí se hace cargo de los 85,6 millones de euros que supone el resto del ERE. Las condiciones acordadas por la sociedad pública y el grupo austriaco suponían la prejubilación de los trabajadores nacidos en 1952 o antes, que tuvieran cinco años de antigüedad y contrato indefinido en la empresa, con unas condiciones económicas ajustadas a la tabla salarial entonces existente.

Un minucioso análisis de la lista de trabajadores en activo en 2003, depositada ante notario por el anterior director general, Enrique Palomino, y un informe realizado por BBVA y Seguros La Estrella han determinado, como adelantó el pasado martes el diario El Correo, que en la lista del ERE presentada finalmente hay personas a las que se les aplicaron irregularmente mejoras en sus condiciones económicas, entre ellos antiguos miembros del comité de empresa y ex directivos. Un portavoz aseguró ayer que la SEPI está dispuesta a cumplir todos sus compromisos, pero no a aportar un céntimo más de lo pactado . El expediente de regulación afecta a 283 trabajadores.

La empresa pasó a manos de ATB después de la quiebra del grupo alemán Borsig. Desde entonces los trabajadores han estado criticando que la austriaca ATB no ha cumplido los acuerdos sellados a tres bandas por Borsig, la SEPI y ATB, incluida la transferencia de tecnología, por lo que han pedido que la sociedad estatal intervenga de nuevo en la empresa. La SEPI vendió la empresa de bienes de equipo a Borsig a finales de 2001. El proceso de saneamiento y privatización de Babcock ha costado a las arcas públicas cerca de 1.300 millones de euros.

El comité de empresa de Babcock indicó ayer en un comunicaco que ha solicitado una reunión con la empresa para "clarificar este asunto de tan grave importancia", así como la entrega urgente del "listado de trabajadores presuntamente favorecidos". El comité afirma ser el más interesado en que "esto se aclare" y asegura que va a exigir "que se depuren responsabilidades".

No obstante, los representantes de los trabajadores consideran que la dirección de Babcok "ha utilizado" este asunto para eludir sus responsabilidades en el expediente de regulación y, sobre todo, en el aseguramiento de un futuro viable a la empresa. En este sentido, Comisiones Obreras anunció que adoptará acciones judiciales contra la dirección de BBE si no demuestra las acusaciones sobre privilegios realizadas o, en caso contrario, no las retira.