El Gobierno central y el alcalde acuerdan que sus policías trabajen coordinadas

La Jefatura Superior de Policía y la Policía Municipal de la capital trabajarán de forma coordinada y conjunta para frenar las altas tasas de delincuencia que registra la ciudad. Así se desprende del convenio de colaboración que firmaron ayer el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Constantino Méndez, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón (del PP). Esta cooperación entre ambas instituciones se produce en medio de una gran oposición y discrepancia por parte del Gobierno regional con la política de seguridad que lleva a cabo el Ministerio del Interior.

El protocolo firmado ayer entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento recoge el desarrollo de un plan de seguridad para mejorar la convivencia en la capital, crear un dispositivo conjunto de las dos policías (Cuerpo Nacional y Municipal) para la mejora de la seguridad en Madrid, renovar las infraestructuras policiales y revisar el despliegue de agentes para adaptarlo a las nuevas necesidades.

Todo esto se traducirá en diversas actuaciones que los ciudadanos podrán comprobar en las próximas semanas. En principio, el convenio recoge una lucha frontal para defender a los sectores menos favorecidos de la sociedad, como las mujeres maltratadas, los menores y las víctimas de explotación sexual y laboral (prostitución y talleres clandestinos). De esas vigilancias especiales también se beneficiará una de las principales fuentes de ingresos de la capital, como es el turismo, y la protección de la propiedad intelectual e industrial. Desde su entrada en el Ayuntamiento, Ruiz-Gallardón siempre ha mostrado su intención de acabar con los manteros (vendedores de copias ilegales de discos compactos y DVD).

Transportes más seguros

Un aspecto en el que hace énfasis el convenio es la redacción de nuevos planes de seguridad ciudadana para los medios de transporte de Madrid. El aeropuerto de Barajas, las estaciones de tren de Chamartín y Atocha, la de autobuses de Méndez Álvaro, las de metro y los intercambiadores serán un foco continuo de vigilancia. "Vamos a revisar los sistemas actuales y, si no los consideramos adecuados, tendremos que cambiarlos para adaptarlos a las necesidades reales", señaló el delegado del Gobierno.

Ruiz-Gallardón y Méndez también tienen previsto formar grupos de expertos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Municipal para atacar aquellos factores que más molestias o problemas causan a los ciudadanos: ruidos, los excesos de velocidad y los consiguientes accidentes de tráfico, conducir bajo los efectos del alcohol, la concentración masiva de personas, el vandalismo o las tribus urbanas.

Por zonas, los distritos de Usera, Villaverde, Centro y Tetuán serán los más beneficiados por este convenio, ya que se acometerán políticas específicas en ellos que faciliten la lucha contra la delincuencia. "Queremos centrar la acción policial en los puntos críticos de la vida de la ciudad para ir al núcleo de los problemas anticipando la acción policial y trabajando en la prevención del delito", explicó Méndez.

"Es una auténtica obligación entenderse con quien tiene las competencias en materia de seguridad, porque los desencuentros entre ambas instituciones repercuten negativamente en la ciudadanía. Nunca como hoy la Policía Municipal se había orientado tan intensamente a las tareas de seguridad y de apoyo a jueces y magistrados, reforzando al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil", afirmó, por su parte, el alcalde.

Estas buenas relaciones entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento, gobernados por personas de distinto color político, contrastan con la batalla planteada en los últimos meses por la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Ella y sus vicepresidentes, Ignacio González y Alfredo Prada, sostienen que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha olvidado de Madrid respecto a los asuntos que afectan a la seguridad pública.

El diputado del PP por Madrid Javier Fernández Lasquetty preguntó ayer al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, por las medidas adoptadas por el Gobierno central tras los últimos homicidios registrados en la capital. También acusó al Ministerio del Interior de despreciar las iniciativas del Gobierno regional para luchar contra la delincuencia en la región.

Camacho replicó que está dispuesto a cooperar con Aguirre, tras afirmar que las "reticencias" que haya podido haber sobre las ofertas de la presidenta en materia de seguridad se deben a que no han sido "serias". "Se rechaza aquello que no supone una oferta seria, rigurosa", dijo.