En cualquier otro barrio

Casi todo el mundo apoya, o al menos cree necesario, que las administraciones construyan viviendas sociales y cárceles, que ONG abran centros de atención a drogodependientes, que los inmigrantes tengan acceso a un alojamiento público al menos en temporada agraria, que se creen nuevos juzgados o que los musulmanes tengan una mezquita. Pero sí esa iniciativa se plasma a unas pocas manzanas, lo que antes era compresión se convierte en recelo, y en algunos casos en oposición cerrada.

No son situaciones puntuales. "Se están retrasando proyectos, limitando competencias de administraciones que no se atreven", afirma el defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. Cuando surge el conflicto, los partidos políticos se tientan la ropa. Los colectivos vecinales que protestan suelen tener influencia electoral. Los que se benefician de la instalación de servicios sociales o públicos no suelen votar.

El defensor del Pueblo advierte de que el argumento más frecuente en estas protestas, el de que en el barrio ya hay demasiadas instalaciones de ese tipo, es más o menos legítimo según el caso. "Yo he sido siempre muy crítico con las actitudes de algunos colectivos, pero si hay alguna explicación es que se instalen esos recursos en barrios con déficits y carencias", dice Chamizo, quien aboga porque las administraciones planifiquen el reparto de esos servicios públicos o sociales entre todos los barrios.

"Hay que dialogar más, planificar más, siempre ha habido problemas con la instalación de estos recursos, pero son necesarios y no se pueden parar", señala el defensor del Pueblo, para quien en estos conflictos aflora "un mundo muy individualista, con grandes dosis de insolidaridad".

Una apreciación con la que coincide Chelo Gutiérrez, responsable de inmigración de la asociación Pro Derechos Humanos en Sevilla. "Socialmente, tenemos que decidir qué ciudad queremos, o si, como en la Edad Media, vamos a sacar fuera de las murallas a los leprosos", dice Gutiérrez. La representante de Pro Derechos Humanos mantiene que en las principales localidades andaluzas "se están abandonando espacios a la pobreza". Gutiérrez entiende que en esos barrios haya "un miedo atroz a la pobreza" y se genere rechazo a instalaciones sociales. Y que las protestas vecinales, en estos casos "tienen parte de razón".

Falta de información

Pero la representante de Pro Derechos Humanos cree que en muchos casos los colectivos que protestan viven en barrios con suficientes infraestructuras y equipamientos. Y que lo que prende entonces es el "miedo al otro". Para Gutiérrez, existe una doble dejación de las administraciones. "Primero, los proyectos se explican mal, no se cuenta con la gente, la participación ciudadana no existe, hay una falta de comunicación real", afirma. Luego, cuando la protesta se desencadena, Gutiérrez entiende que muchos ayuntamientos "no ejercen su autoridad" y dejan que el problema se enquiste, y sea más difícil sacar nuevos proyectos.

Para la representante de la asociación Pro Derechos Humanos, hay un ejemplo claro de este proceso: el fallido realojo de chabolistas en el barrio sevillano de Los Bermejales. Ante el enquistamiento del problema por la oposición vecinal, el Ayuntamiento permitió que la empresa propietaria de los suelos pagase directamente a los chabolistas para que los abandonaran. Una polémica actuación que quebró la política de realojamiento municipal. Desde entonces, según Gutiérrez, apenas se han abordado nuevos realojamientos de chabolistas. Y las protestas vecinales en otros barrios sevillanos por otras iniciativas (centro de atención a drogodependientes, juzgados, viviendas sociales) se han multiplicado.