Se buscan partidos con cuentas transparentes
En el enrarecido clima político que se vive en las últimas semanas se han aprobado dos propuestas para hacer frente a las sospechas de corrupción aparecidas. Una, la creación de un mecanismo de acreditada eficacia, imparcialidad y solvencia para resolver este tipo de problemas: una comisión de investigación; otra, dotarse de una nueva oficina gubernamental que se estima de gran ayuda para luchar ágilmente, sin burocracia ni interferencias, contra las corrupciones de las distintas administraciones y oficinas gubernamentales. Aunque todos valoramos el ingente esfuerzo desarrollado para erradicar tan aborrecidas prácticas, creemos que estas propuestas no agotan el campo de todas las soluciones posibles. Presentamos, pues, una reflexión y unas invitaciones.
Cumplir las normas legales es un mínimo que se exige a los partidos políticos, y la transgresión de estas normas, en caso de ser demostrada, comporta sanciones penales
Cumplir las normas legales es un mínimo que se exige a los partidos políticos, y la transgresión de estas normas, en caso de ser demostrada, comporta sanciones penales. Pero es cierto que existen comportamientos perfectamente legales que no son aceptables para los ciudadanos. Sirva un ejemplo. Si el presidente de una hipotética ONG tuviera a su disposición limusina con chófer, sueldo millonario y un atractivo plan de jubilación a cargo de la entidad, su conducta podría ser perfectamente ajustada a derecho, pero difícilmente querría nadie contribuir a sostener una organización que tan palmariamente se aleja de sus postuladas finalidades. A las ONG se les exige una coherencia que supera lo exigible legalmente, si quieren recibir nuestras aportaciones.
En el caso de los partidos, pueden existir prácticas que, sin merecer sanciones penales, los alejen de las opciones que libremente escogen los ciudadanos: comportamientos indecorosos sobre los que los tribunales nada pueden ni deben decir, pero que de ninguna manera van a ser respaldados por los votos. La mejor manera de alejar la sospecha de pactos de silencio es impulsar una competición de transparencia entre los partes interesadas: animar a los partidos para que voluntariamente, más allá de las estrictas obligaciones legales, presenten sus finanzas transparentemente ante los ciudadanos.
Se invita, pues, a los partidos que quieran y puedan a que publiquen en sus páginas web una relación exhaustiva y detallada de sus ingresos y sus gastos. Una relación que se espera que contenga un listado pormenorizado, con nombres e importe, de las subvenciones y donaciones recibidas, de los gastos publicitarios individualizados por medio y campaña, de los gastos de funcionamiento y de los préstamos utilizados.
Se invita también a los partidos que quieran adherirse a esta conducta de autoexigencia a que se comprometan a responder a todas las solicitudes de datos adicionales respecto a sus cuentas que les dirija cualquier ciudadano, aceptando naturalmente que el solicitante de la información se haga cargo de los gastos administrativos de gestión y documentación derivados de su consulta.
Es previsible que diferentes partidos presenten con distinto
detalle, amplitud temporal y facilidad de comprensión sus cuentas. No caigamos en el error de intentar regularlo, ya que tampoco existe un formato estandarizado de programa electoral. Dejemos que los partidos compitan libremente tanto en la elaboración de sus propuestas programáticas como en la presentación pública de sus cuentas. Si algún partido no quisiera avanzar en estas prácticas de transparencia, sería injusto que recayera sobre él la sospecha de corrupción, pero sería muy ingenuo que intentara seguir gozando de nuestra confianza electoral: es decir, que pretendiera explicarnos cómo va a dirigir nuestro país sin mostrarnos cómo dirige su casa. Sin duda, existe una amplia demanda ciudadana de partidos con cuentas transparentes. ¿Hay oferta?
Lluís Planas es profesor de Economía de la Universidad de Girona.
