Socialistas y PP se llaman fulleros y corruptos al aprobar las leyes de impulso democrático

El pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer el paquete de cinco leyes del llamado impulso democrático, en el que socialistas y populares se acusaron de practicar la "fullería", la "hipocresía" y la "corrupción". Salvo a la ley de modificación del Consejo Consultivo, el Partido Popular votó en contra de las que regulan los estatutos de los ex presidentes, las incompatibilidades de altos cargos y la publicidad institucional, mientras que se abstuvo en la ley Electoral. A la crítica general de que estas leyes no son medidas no de impulso democrático sino de "bolsillo", los conservadores añadieron la de que existe una situación "de corrupción generalizada" en Andalucía.

El PP ha ido construyendo su argumentario en contra de las medidas de impulso democrático conforme han pasado los meses. A mediados de diciembre justificó su negativa a apoyarlas en el último minuto porque no había "garantías" para su cumplimiento; luego añadió la afirmación de que las mismas sólo implicaban un "blindaje" de los altos cargos de la Junta y que el presidente andaluz fuera "el mejor pensionista pagado del reino"; y ayer adobó su rechazo con las irregularidades por el pago de facturas falsas en el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por los socialistas.

El portavoz popular, Antonio Sanz, marcó con su primera intervención, en el debate de la ley de los estatutos de los ex presidentes, la senda dialéctica por la que luego transitaron otros portavoces de este partido. Sanz reprochó a los socialistas que la respuesta a la "corrupción en las administraciones vinculadas a los socialistas sean estas medidas de blindaje económico". Como golpe de efecto, dijo que el presidente regional del PP, Javier Arenas, "había renunciado" a la cesantía que le corresponde como ex ministro y entregó un documento en el que la Asociación de Víctimas del Terrorismo prueba que ha recibido 3.000 euros de Arenas en concepto de donación, lo cual no significa que haya renunciado ante el Ministerio de la Presidencia a su indemnización de 4.997,33 euros mensuales brutos, cifra a la que suma su sueldo como diputado.

El portavoz socialista, Manuel Gracia, calificó la intervención de Sanz de "chocarrera, grosera, fullera, tramposa e hipócrita" y defendió las leyes de impulso democrático ya que suponen mayor transparencia y control político sobre las materias que regula, además de obligar a todos los partidos a que presenten listas paritarias.

La portavoz de IU, Concha Caballero, puso el acento en la ley de Incompatibilidades, "la más rigurosa, precisa y avanzada de todo el Estado", dijo, la cual persigue separar rígidamente la vida pública de cualquier interés de carácter personal y la transparencia en los bienes, intereses y actividades de los políticos. El andalucista José Calvo defendió el acuerdo alcanzado por socialistas, IU y PA y negó que se pretendiera de una maniobra de ocultación "porque no hay nada que ocultar".

Los populares Esperanza Oña, Carlos Rojas, María José García Pelayo y, en otro tono, José Luis Sanz, insistieron a la hora de defender su posición en el discurso de que el partido socialista "propicia el tráfico de influencias y la corrupción" y acusaron al presidente de la Junta, Manuel Chaves, de "mirar hacia otro lado amparando comportamientos corruptos". Todos ensalzaron la figura de su presidente regional, que no tiene escaño en la Cámara andaluza, y lo hicieron con tanta insistencia, que la portavoz de IU afirmó: "Yo creía que el fantasma del Parlamento era sor Úrsula y no Javier Arenas".

Los distintos portavoces socialistas en ningún momento y en ninguna de las iniciativas llegaron a contestar a las acusaciones de corrupción lanzadas desde las filas del PP. Ni siquiera para relatar las medidas puestas en marcha por el gobierno municipal de Sevilla sobre el polémico distrito Macarena. La tesis en este partido es que si entran en el debate dan carta de naturaleza a las afirmaciones de los populares y tampoco quieren replicar con casos irregulares como el detectado en la Zona Franca de Cádiz, que implica a miembros del PP, para no caer en "el tú más y peor". Lo que sí resaltaron es que el paquete de leyes estaba apoyado por más del 70% del Parlamento.