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El PP recurre ante el Constitucional la reforma legal para la elección de jueces

Mantiene que la norma vulnera cuatro artículos de la Constitución

El Partido Popular registró ayer en el Tribunal Constitucional su anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la norma aprobada en el Congreso el pasado 28 de diciembre para reformar la ley del Poder Judicial. Firma el recurso Ignacio Astarloa, secretario de Justicia e Interior de la dirección del PP. Acudió al Constitucional acompañado por Eduardo Zaplana, el portavoz de ese partido en el Congreso de los Diputados.

El PP afirma que la norma recurrida, que amplía la mayoría necesaria (de mayoría simple a tres quintos) de vocales del Consejo General del Poder Judicial para nombrar altos magistrados, vulnera cuatro artículos de la Constitución (103.3, 117, 122 y 127), y que el procedimiento seguido para su aprobación en el Parlamento fue también inconstitucional.

En síntesis, sus argumentos son los siguientes:

- La ley, que tiene un único artículo, "vulnera el artículo 117 de la Constitución" porque, según el PP, propicia una fórmula de nombramiento de altos magistrados "basada en la distribución de cuotas políticas". El PSOE y sus socios parlamentarios defendieron esa ley con el argumento de que, como la mayoría de los vocales del Poder Judicial son conservadores, los nombramientos de altos magistrados recaían también en jueces conservadores.

- Según el recurso del PP, "aunque se dice que se pretende promover el consenso, lo único que se asegura es que la minoría pueda bloquear cualquier acuerdo de la mayoría si no se produce un reparto que satisfaga a aquella". Y busca dar "un enfoque político a la Justicia".

- La norma, continúa el recurso, va en contra del artículo 103.3, según el PP, porque "el juez que quiere la Constitución no es un juez de partido, sino un juez profesionalmente competente" que ascienda por motivos de "mérito y capacidad".

- El PP mantiene que se vulnera también el artículo 122 porque el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) tiene un mandato de cinco años, no coincidente con los cuatro de cada legislatura, para "asegurar su continuidad e independencia al margen de los cambios políticos". El cambio de las mayorías necesarias dentro del CGPJ, según el PP, es "una interferencia de ingeniería del poder político", que va contra la independencia del Poder Judicial respecto de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

El recurso de los populares dedica un extenso capítulo a detallar la presunta inconstitucionalidad del accidentado procedimiento de urgencia que siguió ese proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Relata cómo la mayoría que respalda al Gobierno perdió la votación de esa ley el 25 de noviembre al faltar algunos diputados, cómo se devolvió el texto a la comisión, pero no llegó a ella porque su tramitación había obviado el análisis del texto en comisión, y cómo "el Consejo de Ministros fue convocado con carácter extraordinario para aprobar un proyecto de ley orgánica idéntico al que aún se encontraba en tramitación en el Congreso".

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó ayer que este recurso presentado por el PP es "un ejercicio más, exasperado, por rascar donde no hay y por intentar crispar", informa Efe.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de marzo de 2005